“Ni el Municipio ni la Provincia quieren ceder nada; quieren que nosotros nos hagamos cargo”

Empresarios del transporte público de pasajeros afirman que se sienten desamparados. Sostienen que ni la Municipalidad ni la Provincia los están acompañando en la difícil situación que atraviesa el sector. “Hubo cinco días de paro y nunca nos llamó ningún funcionario. Es como que no era un problemas de ellos, y eso es crítico. Es como no estaban interesados en el tema”, cuestionó Miguel Villagra, el empresario que tiene la concesión de la Línea 19.

El transportista de la Línea 10 y vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta, dijo que hasta ayer ni la Provincia ni el Municipio los convocaron para debatir las distintas propuestas que acercaron para tratar de avanzar en una solución de fondo al transporte público. “Nosotros ya propusimos a la Legislatura, al Concejo y a los dos Ejecutivos una mesa de trabajo. O cambiamos de sistema o se toman múltiples medidas, como que nos eximan de impuestos o el reajuste de los abonos”, opinó el dirigente.

Villagra, que explota la línea desde 2003, reconoció que vienen con un desfasaje económico ya que tuvieron un fuerte incremento de los costos del combustible, entre otros ítems. Incluso, estimó que la situación puede ponerse aún más complicada ya que la central nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) pidió a la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) una mejora salarial del 20% para los choferes y un bono de $ 16.000.

“Es mucho dinero. Yo tengo 100 empleados, y es mucho dinero. ¿Y esa plata de dónde saldrá? Alguien me la tiene que dar. O me la dan en tarifas, en subsidios, o me eximen de impuestos, pero ni el Municipio ni la Provincia quieren ceder nada. Quieren que nosotros nos hagamos cargo”, criticó Villagra.

El transportista, que está en el rubro hace 35 años, explicó que hace un mes le renovaron la concesión y que para ello tuvo que comprar la mitad de su flota (14 coches) nueva, con aire acondicionado, calefacción y piso bajo. Aseguró, además, que esas unidades cargan un gasoil más costoso que el común. “Antes el gasoil me lo daba con subsidios la Nación. Ahora lo tengo que pagar a valor surtidos. Me han hecho comprar ómnibus que consumen un combustible superior y hay una ordenanza que está por entrar en vigencia que dice que debo poner cámaras. ¿De dónde va a salir ese dinero? Alguien tiene que pagar. Siempre termina pagando el usuario, pero ellos (los funcionarios) no quieren que pague el público, pero tampoco quieren pagar ellos ni quieren eximir impuestos. No entiendo la posición de lógica”, manifestó.

Según Villagra, es clave -en su caso- que la Municipalidad que conduce Germán Alfaro calcule y le diga cuál es el costo de explotación del servicio. “El Municipio tiene un especialista en costos y tiene que decir ‘este es el valor del boleto’. ¿Cómo hacemos después para llegar a ese número? Y bueno, lo haremos quizá con eximición de impuestos, quizá UTA puede ceder algo, pero no puede ser que nadie ceda nada. Acá los transportistas somos los que tenemos que poner algo que no tenemos”, fustigó el empresario.

De acuerdo a información del registro de subsidios al transporte público del Ministerio de Transporte de la Nación, que encabeza Guillermo Dietrich, y de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, 15 empresarios están al frente de las 18 firmas que explotan las 14 líneas urbanas (algunas firmas integran uniones transitorias de empresas). De los informes se desprende que Alcides Courtade y César Atim explotan siete líneas, es decir, el 50% del servicio en la capital. Courtade integra las firmas El Cóndor (Línea 17); General Belgrano (Línea 9), Tucma UTE (Línea 6). Atim forma parte de las empresas Transporte y Asociados SRL (Línea 5) y El Ceibo SRL (Línea 7). A su vez, entre ambos forman parte de las firmas que integran la UTE Servicios Jacarandá (líneas 3 y 12).