La fiscala y el expediente no aparecieron, y la audiencia de los ginecólogos terminó con denuncias

Una audiencia oral y pública cargada de fricciones dejó como saldo la nulidad de la decisión de indagar como imputados del presunto homicidio de una recién nacida a Cecilia Ousset y José Gijena, los ginecólogos que interrumpieron el embarazo de la niña abusada denominada “Lucía”. Esta resolución fue emitida en ausencia de la fiscala Adriana Giannoni, que había sido citada al acto, y del expediente exigido por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Tras considerar que su orden había sido resistida, el camarista Enrique Pedicone envió las actuaciones al fiscal de turno para que investigue la posible comisión de los delitos de desobediencia judicial y de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. “Dónde se ha visto que una parte del proceso se ponga por encima del juez”, reprochó ayer al pronunciar su sentencia. Previamente, Giannoni había recusado a Pedicone; recurrido el fallo que la apartaba del caso por temor fundado de falta de objetividad y solicitado la suspensión de la audiencia (se informa por separado).

“Es la propia fiscala quien propulsó la anulación de la citación a indagatoria -prevista para hoy- que notificó (a los ginecólogos) el mismo día en el que ella fue separada. Giannoni alega (en la prensa) que decidió la convocatoria la jornada anterior, pero no podemos saberlo porque no envió el expediente”, adujo el camarista.

Militantes a favor y en contra del aborto, entre ellos algunos de los denunciantes de los facultativos (los abogados Viviana Matar, María Teresa Mockevich y Constanza del Carril, y el patrocinante Salvador del Carril), colmaron la sala del edificio de la calle España. Todos presenciaron cómo Pedicone daba 15 minutos a Giannoni para aportar la causa y cómo, transcurrido ese plazo, aquella ofreció por escrito un juego de fotocopias certificadas que tampoco llegaron. Mientras en la calle reclamaban el cese de la “persecución” hacia los médicos que atendieron a “Lucía” en febrero, en el Hospital del Este, Pedicone ratificó que Giannoni carecía de objetividad para desplegar la acusación y puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán la resolución de 2017 del ministro público fiscal Edmundo Jiménez que aquella había invocado para quedarse con el expediente original. “Esa resolución es inconstitucional, y, eventualmente, ilegal y delictiva”, sugirió.

Romanos vs. cristianos

Las tensiones dominaron la audiencia hasta el punto de que los asistentes fueron obligados a guardar sus pañuelos de colores. El camarista Pedicone, que comparó la coyuntura con el hostigamiento de los cristianos durante el Imperio Romano, incluso puso de relieve que el abogado René Goane, hijo del vocal decano dimitente y homónimo, estaba filmando el acontecimiento judicial: luego, ese profesional fue increpado por una de las promotoras de la carpa contra la impunidad instalada hace ocho días en la vereda de los Tribunales penales (se informa por separado).

Después de oír a los defensores e integrantes de la ONG Andhes, Pablo Gargiulo y Emilio Guagnini, y al fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Alejandro Noguera, el camarista manifestó que existía una violación de la igualdad de armas que debería existir entre acusadores y denunciados.

Gargiulo protestó porque la ministra de Salud, Rossana Chahla, no era investigada pese a su admisión de que se había visto obligada a llamar a Ousset y a Gijena para practicar la cesárea luego de que Giannoni advirtiera al personal del Hospital que podrían cometer delitos si detenían el embarazo de “Lucía”. Guagnini denunció que aunque la parte vigente del nuevo Código Procesal Penal establecía la publicidad de los casos, recién habían accedido a las actuaciones “unos minutos” el viernes pasado, tras cinco meses de reclamar la vista y de obtener una resolución a favor. Noguera por su parte opinó: “carece de interés que Giannoni entregue el expediente porque, según la ley, la Cámara de Apelaciones es incompetente para resolver la nulidad de la convocatoria a indagatoria. Hay que rechazar el planteo, y enviarlo a la fiscala o al juez de Instrucción porque los defensores obviaron el debido proceso legal”.

El camarista esgrimió razones de índole constitucional para desestimar la posición de Noguera. “Mi límite es el establecimiento de la política criminal: ese es el terreno de la fiscalía y no puedo inmiscuirme. Pero el empeño de la fiscala Giannoni de persistir a cualquier precio en la postura de indagar a los imputados, cuya libertad corre riesgos, pese a haber sido apartada de la causa, no puede ser tolerada por un juez apegado a las convenciones internacionales y a la Constitución, y yo no lo haré”, añadió.

El camarista reflexionó que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se habían esforzado, y lo seguían haciendo, para que la sociedad conociera de primera mano lo que pasaba en la Justicia penal. “Aquí vemos una cuasi obsesión por retener la causa”, definió. Luego precisó que él debía cuidar “la paz institucional” y que, por ello, había prescindido de la fuerza pública. Pedicone ejemplificó: “podría haber pedido a la Gendarmería que trajera el expediente, pero no lo hice porque deben prevalecer la prudencia y la seriedad, sin perjuicio de adoptar una decisión firme”. Algunos de los asistentes aplaudieron al camarista mientras este se retiraba del estrado. Pedicone se detuvo y cortó en seco el festejo con el argumento de que este hería la solemnidad de la Justicia.