04 Septiembre 2019
CIUDAD. Las nuevas propuestas proponen descentralizar la capital. la gaceta / foto de josé nuno (archivo)
El capítulo de polémicas por las excepciones al Código de Planeamiento Urbano, que marcó el último mandato frente a la intendencia de Domingo Amaya (2011-2015), podría llegar a su fin. Un grupo de concejales peronistas presentaron dos iniciativas para modificar un par artículos de dos ordenanzas que prohíben realizar obras de ampliación en escuelas, colegios y centros médicos ubicados en el centro de San Miguel de Tucumán. Durante casi una década, para realizar estas construcciones se debía solicitar permiso al Concejo Deliberante con la sanción de ordenanzas para cada caso.
Juan Luis Pérez y María Belén Cruzado Sánchez firmaron la iniciativa que propone modificar el artículo segundo de la ordenanza 4.346 (sancionada en 2010), que prohibía que escuelas o colegios emplazados en el área céntrica puedan realizar obras de ampliación. “A partir de la promulgación de la presente ordenanza, a los establecimientos educativos, ya sean de gestión publica o privada (...) que se encuentren ubicados en el área central limitada por las avenidas Sarmiento, Roca, Sáenz Peña-Avellaneda y Mitre-Alem, podrán realizar las obras necesarias para la adecuación de sus instalaciones a los requerimientos de la ley de educación”, versa la propuesta firmada por los concejales. Agrega que las obras sólo podrán ser para habilitar el funcionamiento de aulas, talleres, laboratorios, gimnasios cubiertos, patios cubiertos “considerados indispensables para asegurar el desarrollo de la tarea educativa”.
El segundo proyecto, que lleva las firmas de Pérez, Cruzado Sánchez y también de Dante Loza, propone modificar el artículo tercero de la ordenanza 4.345 (también sancionada en 2010), de manera similar a la primera iniciativa, pero habilitando a sanatorios y centros médicos: “se permiten ampliaciones de superficie edificable en los establecimientos de salud existentes radicados en el sector central limitado por las avenidas Sarmiento, Roca, Avellaneda-Sáenz Peña y Mitre-Alem, cuando las obras estén destinadas a conformar espacios para equipamientos técnicos, tecnológicos, capacidad de internación, terapias y prestaciones de servicios”.
“Lo que buscamos con esto es permitir que las instituciones que ya están en funcionamiento hace muchos años puedan adaptarse a la nueva legislación”, explicó Pérez, presidente de la Comisión de Obras Públicas en el cuerpo. “Con esto no buscamos de ninguna manera incentivar que haya más sanatorios, centros médicos o instituciones educativas dentro del área céntrica, simplemente es para que estas instituciones puedan cumplir con la nueva legislación. En el caso de las escuelas y colegios, por ejemplo, ahora es obligatorio que tengan salas de tres y cuatro años. Muchas deberán hacer nuevas construcciones. Lo mismo con centros de salud, que con los adelantos tecnológicos se requieren nuevos aparatos para diagnóstico”, agregó el concejal.
La última vez
En diciembre de 2010 se sancionaron las ordenanzas 4.345 y 4.346, que modificaban el código y prohiben la ampliación de establecimientos de salud y de educación ubicados dentro de la zona denominada cuatro avenidas. Pese a las normativas, se permitieron estas obras en los sanatorios 9 de Julio, Sarmiento, Rivadavia y en la Clínica Mayo, entre otros.
El último pedido de excepción al Código de Planeamiento Urbano para realizar ampliaciones ingresó en 2016: en marzo de ese año el entonces presidente del Concejo, el alfarista Javier Aybar, se había reunido con representantes del Sanatorio San Lucas, junto a los presidentes de diferentes comisiones y de distintos bloques que conforman el cuerpo. Según se había informado, los propietarios médicos habían adquirido una propiedad lindera a la clínica ubicada en Monteagudo 660 para ampliar las instalaciones del segundo centro de asistencia pediátrico de la ciudad, luego del Hospital de Niños. No recibió tratamiento.
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