17 Septiembre 2019
Santiago Maldonado.
El médico legista de la Policía Federal Argentina Werther Aguiar, acusado de filtrar las fotos del cuerpo de Santiago Maldonado, afrontará un juicio oral a partir del 8 de octubre en el Juzgado Federal de Esquel.
La Fiscalía Federal de esa jurisdicción había solicitado la elevación a juicio señalando que el profesional había sido el responsable de la difusión de las imágenes obtenidas el 17 de octubre de 2017 durante el examen preliminar del cadáver, realizado en la Morgue Judicial de esa ciudad.
Durante el examen, el juez Gustavo Lleral -a cargo de la instrucción de la causa que investigaba la desaparición de Santiago Maldonado- autorizó tanto a Aguiar como al secretario del juzgado, Leonardo Barzini y al perito de parte de la querella, Alejandro Inchaurregui, para tomar fotografías. Pocas horas después, las imágenes del cuerpo de Maldonado habían sido viralizadas por diversas redes sociales y hasta fueron publicadas en algunos medios de comunicación.
Según las declaraciones de distintos testigos, Aguiar había mostrado las imágenes en la guardia del hospital primero, y las habría hecho circular a través de WhatsApp después.
Luego de analizar casi una veintena de elementos de prueba, la Fiscalía solicitó al Juzgado Federal de Esquel que se enviase la causa a juicio oral por el presunto incumplimiento de Aguiar de la obligación legal de guardar secretos derivada de su doble función de médico y funcionario policial, una acción prevista y reprimida en el artículo 157 del Código Penal.
Formalizada la denuncia, se lograron obtener las fotografías tomadas por Barzini e Inchaurregui, como también copia de la filmación realizada por una médica de la morgue judicial y un integrante de Criminalística de la Policía Federal Argentina.
Tras comprobar que las fotografías no coincidían con las que circularon en los medios, se descubrió en el video a Aguiar sacando fotografías en los mismos ángulos a los de las fotografías filtradas en redes sociales, publicó el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal de la Justicia Federal.
Se solicitó entonces el secuestro del celular de Aguiar, pero no se pudo concretar con la urgencia requerida, ya que el hombre había viajado de imprevisto a Córdoba. Una vez de regreso, se lo interceptó en el aeropuerto y se le incautó el teléfono. Sin embargo, una vez peritado se comprobó que el aparato que entregó era otro, perteneciente a su hijo, menor de edad.
El tipo penal por el que se acusa a Aguiar sanciona “al funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”. Para la fiscalía, el derecho a la intimidad “quedó vulnerado en el momento que las fotografías del cuerpo fueron exhibidas a personas que no habían participado del examen del cadáver”, y sobre todo cuando esas imágenes “tomaron estado público como consecuencia de la difusión generalizada que posibilitó el imputado una vez que las envió a sus contactos de la red de mensajería”.
Al momento de requerir la elevación a juicio, se argumentó además que la participación de Aguiar no fue sólo por su carácter de funcionario de la Policía Federal Argentina, sino también como médico, por lo que para la fiscalía el imputado “tenía la obligación legal de guardar secretos derivada de su doble función de médico y funcionario policial”.
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