Irregularidades en la adjudicación de viviendas

Como si se tratase del libreto de una saga de ficción cargada de intrigas, engaños, ilusiones truncas y corrupción, la historia del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) continúa dando que hablar. Y no para bien.

En un nuevo capítulo de la ya extensa y triste trayectoria del organismo, ahora LA GACETA develó que se habría incurrido en irregularidades en la entrega de viviendas en Manantial Sur. O al menos que no se cumplió con la finalidad para la que fue creado ese barrio y para el que se destinaron cientos de millones de pesos. Esto es lo que surge del destino que se dio a la mayoría de las viviendas construidas a través de un plan para mejorar la situación de familias que vivan en villas y asentamientos.

Según diversos documentos del Ipvdu -entre los que se destaca la rendición de cuentas de los fondos que recibió de la Nación desde octubre de 2013- en la construcción de las 2.500 viviendas en Manantial Sur se usaron $ 495 millones del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.

De acuerdo a la Resolución 1012/09, dictada por el entonces Ministerio de Planificación Federal en 2009, el objetivo específico de ese programa -y por lo tanto de sus fondos- es “mejorar la calidad de vida de la población asentada en villas y asentamientos precarios con carencia de infraestructura básica de servicios, problemas ambientales y de regularización dominial”.

Sin embargo, de las 1.052 viviendas entregadas en Manantial Sur, sólo 232 habrían sido adjudicadas a familias de villas y asentamientos damnificadas por las inundaciones de 2015.

Del resto, 385 fueron entregadas a través de convenios a personas de distintos sindicatos y organismos estatales mientras que 435 se entregaron por el sistema habitual de inscripción y sorteo del Ipvdu. Así se lo especifica en una nota del área de Recupero y Regularización Dominial del propio instituto.

Las casi 1.500 casas que restan entregar todavía no tendrían beneficiarios designados de manera firme, pero parte de ellas también estaría afectada a convenios con sindicatos y entidades estatales. Y en la adjudicación de las otras casas también se habría seguido el procedimiento habitual del Ipvdu de inscripción y sorteo, sin dar prioridad a las casi 35.000 familias tucumanas que -de acuerdo a un relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares- todavía viven en villas o asentamientos.

Las explicaciones sobre por qué se decidió no aprovechar la oportunidad histórica de otorgarles una vivienda digna a quienes viven en villas miserias o asentamientos no están claras, porque si bien es cierto que miles de familias de “clase media” necesitan una casa y es lícito que tengan una (en Manantial Sur o donde sea), también lo es que pocas veces se pudo acceder a un programa así: que específicamente destine tremenda cantidad de dinero con la finalidad única de mejorar la situación de quienes viven en situaciones absolutamente precarias.

Un desacierto más y hasta tal vez algún delito, teniendo en cuenta que ya se denunció a quienes estuvieron a cargo del programa en el Ipvdu por malversación de fondos públicos y por incumplimiento de funcionarios públicos.

Llegó una nueva administración al desprestigiado Instituto de la Vivienda, ante la oportunidad histórica de echar luz sobre tremenda catarata de denuncias y sospechas de corrupción que lo signaron durante los últimos años.