23 Noviembre 2019
Qué dice la Constitución
“La Justicia debe investigar a fondo la grave denuncia que se radicó contra José Alperovich”. El postulado de la senadora radical Silvia Elías de Pérez representa, en rigor, la instancia en que se encuentra el Congreso de la Nación con respecto a las eventuales medidas que puede tomar con respecto al senador peronista, denunciado ayer por presunto abuso sexual por parte de una empleada de la Cámara Alta, quien además es su sobrina.
“El Senado debe respetar a la Justicia. Hay una denuncia en los Tribunales y hay que esperar que el Poder Judicial actúe”, reflexiona el constitucionalista Luis Iriarte, ante la consulta de LA GACETA.
El especialista tucumano, a la vez que reconoce la gravedad de la denuncia, también repara en que, hasta el momento, sólo se trata de una denuncia.
El artículo 66 de la Constitución Nacional establece que tanto los miembros del Senado como los de Diputados pueden ser jueces del comportamiento de sus integrantes. La norma, textualmente, expresa: “Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con los dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno”.
Los antecedentes al respecto se circunscriben a la Cámara Baja. En 1991, el diputado catamarqueño Ángel Luque fue expulsado luego de que dijera que si su hijo, Guillermo Luque, hubiera estado involucrado en el crimen de María Soledad Morales, el cadáver de la joven “no hubiese aparecido”. En 2002, la diputada Norma Godoy también fue expulsada tras insultar a periodistas del programa “punto.doc”. “Flaco, ustedes hablan cada cosa que habría que agarrar una Itaka y cag... a balazos”.
Otros dos precedentes corresponden a la negativa los diputados de incorporar a la Cámara Baja a Antonio Domingo Bussi, ex gobernador de Tucumán, y a Luis Patti, ex intendente de Escobar, por su condición de represores durante la última dictadura. Ambos casos se judicializaron porque, a diferencia de los dos anteriores, no eran miembros del Congreso porque no habían llegado a asumir.
En el caso de Alperovich, Iriarte plantea que así como hay una denuncia, el senador la ha rechazado. “No debe haber prejuzgamiento, a favor ni en contra. Si se inicia un proceso judicial, hay que esperar a ver si un juez pide su desafuero”, puntualizó.
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