25 Noviembre 2019
"Tenemos una Justicia colonizada por el poder político", denuncian referentes feministas
Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, movimientos feministas convocan a una marcha a las 19 en la plaza Urquiza. Además lo harán para pedir que se aceleren los procesos pertinentes de la denuncia contra el ex gobernador José Alperovich. “Hay un montón de deudas que tiene el Estado y el Gobierno con nosotras”, denunciaron.
En cuanto a la denuncia Luciana Gramaglio explicó: “para las víctimas, denunciar abusos sexuales es muy difícil. Es un delito que sucede en una instancia privada. El movimiento de mujeres feminista generó que las mujeres empiecen a hablar. Esta denuncia tiene que leerse en clave política y en clave feminista”.
“El colectivo ‘Ni una Menos’ en 2015 ha ganado las calles y puso en evidencia el cuadro de profunda violencia que se vive en la sociedad. Se comenzó denunciando los femicidios pero se fue extendiendo. Las mujeres se animan a denunciar porque hay movimientos que acompañan a las víctimas en el reclamo de justicia: no estamos solas”, agregó.
Alejandra de Castillo, doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Trabajo Social afirmó que fue “muy nefasto que el senador publique el nombre de la víctima”. “Es una clara muestra de seguir ejerciendo poder y violencia sobre la víctima. Ella tiene derecho a la privacidad. Queremos que efectivamente se llegue al juicio castigo”, indicó.
El colectivo Ni una Menos apenas tomó conocimiento de la denuncia se puso a disposición de la victima: “en la provincia ya conocemos quién es Alperovich. El movimiento de mujeres viene denunciando su accionar en el caso de Paulina Lebbos, por claramente el encubrimiento a los asesinos. Hemos denunciado situaciones de acoso contra periodistas. Alperovich sigue usando su lugar de poder para seguir actuando con total impunidad y seguir violentando a las mujeres”, lamentó Castillo.
“Consideramos que la fuerza que tenemos en la lucha en las calles y la movilización popular, puede lograr que llegue a juicio y el senador sea condenado. Sabemos los compromisos políticos que hay dentro del senado y la provincia, efectivamente no tenemos ninguna confianza por esa vía”, añadió la abogada Sofía Fares.
Falta de adhesión a leyes
Gramaglio denunció que Tucumán es la única provincia que no se adhirió a la Ley de salud sexual y procreación responsable. “Esta ley ya va cumplir 16 años y no estamos adheridos. Eso se traduce en violencia a todas las mujeres y a las niñas. No por nada hemos tenido el caso de Lucia o el caso Belén. Seguimos siendo la provincia que da la nota a nivel internacional porque todo lo que viene pasando es por la falta de políticas públicas”, se quejó.
Además la abogada pidió la real implementación de la Ley de emergencia en violencia sexual y doméstica: “se dictó en 2017 pero no se implementó por la falta presupuesto”.
“Faltan refugios para las víctimas de violencia que tampoco se hicieron. Tenemos que adherirnos a la Ley Micaela que es sumamente importante. Una de las fallas del sistema judicial y el ejecutivo es la falta de perspectiva de género y la falta de credibilidad en los relatos de las víctimas. Eso se cambia con capacitación. Lo que promueve la Ley Micaela es precisamente capacitación a los tres poderes del estado: Ejecutivo, Judicial y Legislativo”, agregó.
También pidió “garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia”. Por lo que exigió “la real implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, es la Ley que más puede ayudar a la hora de prevenir los abusos sexuales infantiles”, aseguró.
Por último reclama “la adhesión de la Ley de cupo laboral trans por lo que nos unimos y marchamos con el colectivo LGTB. Ellos sufren de manera especial la violencia y por eso también digamos vamos a incorporar este reclamo. Nos sumamos a la lucha contra los travestis y trans femicidios y los crímenes de oro”.
Desde el colectivo Ni una Menos precisaron que en el año hubo 275 femicidios de los cuales 11 fueron en Tucumán. “Eso demuestra la falta de políticas públicas, la falta de presupuesto y compromiso político real para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”, concluyó Gramaglio.
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