Chile suma otra crítica internacional por abusos policiales

SANTIAGO, Chile.- El presidente chileno Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas ayuden a proteger infraestructura “crítica”, en una jornada en la que Human Rights Watch acusó graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden en el control de las manifestaciones.

El país sudamericano sumó ayer 40 días de protestas sociales con nuevas movilizaciones callejeras en Santiago y otras ciudades del país. Las manifestaciones, detonadas por un alza en el precio del transporte, han dejado más de 20 muertos y miles de heridos y detenidos, y cuantiosas pérdidas por saqueos, incendios y destrozos a propiedad pública y privada.

El proyecto de ley que envió Piñera permite que las Fuerzas Armadas resguarden servicios básicos -como instalaciones de suministro eléctrico, agua potable, telecomunicaciones y salud- sin decretar estados de excepcionalidad.

“Quiero dejarlo muy en claro: esta ley que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas no va a significar ninguna restricción a las libertades y derechos de los chilenos como sí lo contemplan los Estados de Excepción Constitucional”, dijo el presidente de centroderecha.

Piñera también se reunió con el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien le presentó las conclusiones y recomendaciones a las que llegó el grupo tras dos semanas de pesquisas en Chile.

En un informe, divulgado más tarde, el grupo denunció que efectivos de Carabineros, la policía chilena, cometieron graves violaciones de derechos humanos durante las masivas protestas, a la vez que llamó al gobierno a promover reformas para modernizar y profesionalizar a su fuerza policial.

“Hay cientos de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes”, dijo Vivanco. HRW formuló 10 recomendaciones para reformar a la policía militarizada encargada del orden público en Chile, como asegurar que existan mecanismos internos de control, reformar el sistema de disciplina, instalar cámaras en las áreas de todas las comisarías del país, suspender el uso de perdigones y reforzar el entrenamiento de los carabineros, entre otras.

Según el informe, “Carabineros movilizó a 20.000 de los 60.000 miembros de la fuerza para responder a manifestaciones en todo el país. De estos, apenas 1.400 son miembros de las Fuerzas Especiales, la unidad que está preparada para estas tareas”.

Las conclusiones de HRW estuvieron en línea con un informe de Amnistía Internacional divulgado la semana pasada sobre estos sucesos, en que unos 200 chilenos han sufrido graves lesiones oculares por perdigones.

La Fiscalía abrió 2.670 investigaciones penales por violaciones a derechos humanos que involucran a igual número de víctimas. Tanto la policía como el gobierno han señalado en varias ocasiones que cualquier abuso será investigado por la justicia. (Reuters)