12 Diciembre 2019
LA PAZ.- Bolivia aceptó la “investigación internacional imparcial” de hechos de violencia y delitos de represión cometidos en ese país desde octubre pasado, como le pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque considera que el informe del organismo sobre la situación en el país es “totalmente sesgada”.
El Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez está “plenamente de acuerdo” con investigar “los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre de 2019”, informó la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En su informe, la CIDH señaló que ha planteado una serie de recomendaciones a las autoridades bolivianas para superar la crisis política y social desatada tras las elecciones del 20 de octubre.
La secretaría ejecutiva del organismo realizó del 22 al 25 de noviembre una “visita de observación” para analizar las consecuencias del fallido proceso electoral, en el que la OEA detectó irregularidades que derivaron en la renuncia Evo Morales como presidente boliviano a raíz de presiones de las Fuerzas Armadas y la Policía.
La visita, que la CIDH espera sea el preludio de una misión más amplia “a la mayor brevedad”, permitió recabar denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas, detenciones arbitrarias, discriminación racial y limitación de libertades y derechos básicos.
El organismo de la OEA observó con “extrema preocupación las graves violaciones de derechos humanos” registradas. La comitiva “tuvo noticia de que 36 personas perdieron la vida” entre el estallido de octubre y el 26 de noviembre.
El informe remarcó las “masacres” cometidas en las localidades bolivianas de Sacaba y Senkata que causaron la muerte de “por los menos 18 personas”.
La cifra de heridos no está confirmada, pero la comisión estima que “claramente supera las 800 personas” y será “más alto”.
Entre las 16 recomendaciones que la CIDH planteó a las autoridades bolivianas, figuran garantizar el derecho de manifestación pacífica, desmantelar los grupos armados y“sistematizar” la información sobre las víctimas.
El ministro del Interior, Arturo Murillo, tachó el informe de “sesgado” y le recriminó a la CIDH su actuar “unilateral”.
Evo Morales, por su parte, celebró el informe en Twitter. “Los golpistas Áñez, (Luis Fernando) Camacho, (Carlos) Mesa y todos los que dispararon creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia. Ahora serán juzgados por tribunales nacionales e internacionales”, advirtió.
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