El Presupuesto asegura salarios, pero no prevé “grandes obras”

Con sus 49 miembros en las bancas, el Poder Legislativo sancionó ayer el Presupuesto General de la Provincia para 2020, que establece recursos y erogaciones por $156.200 millones para toda la Administración Pública, y fija 90.794 cargos para la planta permanente del Estado provincial.

El texto, aprobado luego de cinco horas de debate, habilita además al gobernador, Juan Luis Manzur, a gestionar créditos por tres vías (a corto, mediano y largo plazo); a menos que surjan fuentes de financiamiento nacional, la toma de deuda será la única alternativa que tendrá el Poder Ejecutivo (PE) para afrontar obras públicas durante el próximo ejercicio.

Aunque el bloque oficialista que preside Roque Álvarez recibió el apoyo de casi toda la oposición en el tratamiento en general del proyecto -el radical José Canelada fue el único que votó en contra-, tanto los legisladores de Fuerza Republicana (FR) como los aliados a “Vamos Tucumán” rechazaron varios de los artículos. Entre ellos, el apartado que exime a las 93 comunas rurales de la obligación legal de presentar sus respectivos presupuestos; y el que autoriza al Ejecutivo a la toma de empréstitos.

La discusión por el Presupuesto 2020 comenzó a las 10.25, y finalizó pasadas las 15.30. El presidente de la comisión de Hacienda, Juan Antonio Ruiz Olivares, explicó que los parámetros macroeconómicos utilizados en la estimación financiera -elevada por el PE- estaban en línea con el Presupuesto de la Nación. Sin embargo, el ex intendente de Monteros formuló una advertencia: como el flamante presidente, Alberto Fernández, anticipó que se revisará la proyección económica elaborada por la gestión de su antecesor, Mauricio Macri, existe la posibilidad cierta de que la Legislatura se vea obligada a replantear en el futuro inmediato los números de la Provincia.

De todos modos, Ruiz Olivares indicó que la comisión a su cargo tomó propuestas de distintos bloques para reforzar partidas específicas; entre ellas, la destinada a la creación del Centro Judicial Este, por impulso de Gonzalo Monteros (PJ); y la prevista para que la Secretaría de la Mujer del Ejecutivo asista a víctimas, como solicitó Federico Masso (Libres del Sur). “Aunque alguien se pueda enojar en la Casa de Gobierno por lo que digo, esta comisión no es una escribanía”, sostuvo Ruiz Olivares.

En la oposición, sin embargo, se cuestionó la decisión del Ejecutivo de destinar cerca del 70% de los recursos públicos a salarios. Tanto el bussismo como la alianza entre radicales y alfaristas remarcaron la falta de fondos para obras públicas previstos para el año próximo.

El secretario de la comisión de Hacienda, Raúl Pellegrini (PJS-Vamos Tucumán), remarcó que si la población activa de trabajadores en Tucumán alcanza los 300.000 puestos, y considerando la alta tasa de empleo informal, existe entonces una relación casi de “uno a uno” entre las fuentes laborales públicas y privadas. En ese sentido, destacó el alto impacto de la “cláusula gatillo”, que determina subas salariales en proporción con la inflación calculada por el Indec. “Tenemos prácticamente un 95% (del Presupuesto 2020) en gastos corrientes, y un 5% en gastos de capital”, advirtió Pellegrini.

El oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, vicepresidente 1° de la Cámara provincial, replicó que la aplicación de la “cláusula gatillo” fue una “decisión política” de Manzur, ya que eso permitió dinamizar el consumo local. “En una crisis como la que se vivió, con una inflación anual de entre el 40% y el 50%, el gobernador resolvió poner dinero en el bolsillo de la gente”, señaló Vargas Aignasse.

José Ricardo Ascárate (bloque Hipólito Yrigoyen) insistió con la baja proporción del Presupuesto 2020 para obras públicas, pero hizo foco en la falta de ejecución de trabajos con los recursos asignados en el período en curso. “Hasta el 31 de diciembre próximo, con suerte, se habrá invertido poco más del 2% en gastos de capital. Por lejos, es la provincia de la región que menos gasta en obras en proporción con su número de habitantes”, señaló el radical.

En el oficialismo admitieron que prácticamente no habrá fondos para infraestructura pública de envergadura. “Somos conscientes de que si la Nación no ayuda, no podremos hacer grandes obras”, dijo Álvarez. Aclaró luego que la mayoría de los distritos del país, como Córdoba, tomaron deuda en dólares, y Tucumán no integra ese lote.

La cuestión de los créditos fue otra arista que generó críticas e la oposición, ya que el Presupuesto 2020 fija tres vías (a corto plazo, a mediano y a largo plazo). El jefe del bloque de FR, Ricardo Bussi, cuestionó la falta de detalles con respecto a esas autorizaciones a tomar deuda y consideró “inadmisible” la delegación de facultades al Ejecutivo. Además, reclamó que se aplique “un bisturí” en los gastos superfluos. Fue, junto a Masso, uno de los pocos que reclamó por la falta de publicidad de los recursos del propio cuerpo legislativo. “La Constitución autoriza a que la Legislatura determine su presupuesto, pero no dice que sea algo secreto”, reprochó el republicano.