“No es cierto que gastamos $ 85 millones por legislador”

La sanción del proyecto de ley del Presupuesto 2020 de la Administración Pública de la Provincia motivó un hecho poco usual en el recinto de la Cámara: la mención a los recursos del propio Poder Legislativo.

En la sesión del jueves, legisladores de la oposición cuestionaron la ausencia del informe presupuestario relacionado con los fondos para personal, bienes, servicios y subsidios previstos para el próximo ejercicio. De hecho, se marcó que, salvo las comunas rurales -otro aspecto criticado en el debate- y la propia Legislatura, todos los demás órganos del Estado provincial (Poder Ejecutivo, Poder Judicial y entes autárquicos) aparecían en el proyecto del Presupuesto 2020, con su previsión de gastos.

La Provincia contará con recursos y erogaciones por $156.200 millones para el próximo año. Si bien en términos generales la iniciativa “madre” de las finanzas provinciales tuvo amplio apoyo -sólo José Canelada (UCR) lo rechazó en su totalidad-, tanto Fuerza Republicana como la alianza entre radicales y alfaristas formularon objeciones sobre aspectos puntuales de la norma.

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, el oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, había dicho a fines de noviembre, durante la visita del ministro de Economía Eduardo Garvich a la Legislatura, que se había contemplado en el cálculo de recursos el anuncio de “austeridad” formulado por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. “Es una decisión política (del titular de la Cámara)”, señaló el ex intendente de Monteros a la prensa en esa ocasión. Detalló luego que la proporción de los gastos del Poder Legislativo en el total de la Provincia se reduciría de “casi un 4,8%” en el ejercicio vigente, “al 4% o 4,1%” en el próximo.

Siguiendo esos datos, la Cámara legislativa contaría con unos $6.300 millones para afrontar salarios, servicios y subsidios (incluido el boleto estudiantil) durante 2020.

En la sesión del jueves, la bussista Nadima Pecci remarcó que el primer proyecto formulado por su espacio estaba destinado a la “transparencia y reducción del gasto político”. La iniciativa propone, entre otros puntos, que se reglamente la facultad otorgada al presidente de la Legislatura en cuanto a la administración de los recursos internos -dispuesta por el artículo 59 de la Constitución provincial-; que se limite en un 40% el desembolso general en personal político; y que se publiquen los nombres de los empleados en la página web oficial.

El jefe del bloque de FR, Ricardo Bussi, reclamó luego que el proyecto del Presupuesto 2020 carecía del informe de la Legislatura. “Está la partida 02, que es la del Poder Judicial, y las restantes; ¿y la 01, que somos nosotros?”, planteó. Recordó que, en su gestión como concejal de la capital, solía expresar objeciones contra la “partida 012”, según la cual el intendente Germán Alfaro (PJS) tenía a su disposición “$2 millones diarios” para “gastos reservados”.

Luego, expresó que confiaba en los dichos de Ruiz Olivares sobre el “ajuste” en el Poder Legislativo, pero aclaró: “no me consta”. Bussi además reivindicó la propuesta del bloque republicano para limitar las potestades del vicegobernador sobre los recursos parlamentarios. “El presidente de la Cámara es un hombre experimentado en la función pública, pero no forma parte de este cuerpo”, advirtió. Por ello, insistió con que se incorporen a los informes financieros los presupuestos de las comunas rurales y de la Legislatura provincial. “La gente nos achaca que gastamos $85 millones por legislador cada año, y esto no es así”, sostuvo el líder de Fuerza Republicana.

El vicepresidente 1° del cuerpo colegiado, Gerónimo Vargas Aignasse, se refirió a su turno al proyecto bussista para la búsqueda de “austeridad” en el gasto público. El peronista aseveró que en la gestión de Fuerza Republicana -con la fórmula Antonio Bussi y Raúl Topa, entre 1995 y 1999- se registró el sistema parlamentario “más caro de la historia”, ya que la composición unicameral de entonces era de 40 bancas, contra las 49 actuales, e insumía más del 3,6% de los fondos de la Provincia. “Uno advierte que puede aplicarse el famoso teorema de Baglini, en cuanto a que mientras más lejos estamos (los políticos) de las responsabilidades, más irresponsables nos volvemos”, ironizó Vargas Aignasse respecto al bussismo.

Federico Masso (Libres del Sur) reclamó, al igual que Canelada, que se sancione un proyecto de Acceso a la Información Pública. “No hay que temerle a transparentar las finanzas públicas”, indicó. Luego, relató algo que le había sucedido en la vía pública. “Ayer (por el miércoles), una persona me paró y me preguntó si era cierto que cobramos entre $400.000 y $500.000. Justo estaba yendo al subsidio de salud para que mi familia tenga (la cobertura). Le mostré la boleta de sueldo y no lo podía creer. Esa persona me dijo: ‘cómo habla de mal la gente’. Soy frontal, y creo que una ley de Acceso a la Información Pública va a mejorar la credibilidad de la sociedad en la dirigencia política”, indicó. Y recordó que muchos de sus pares fueron diputados nacionales. “Todos saben que está todo en la página web (de la Cámara Baja), cuánto gana, qué gente tiene nombrada”, señaló.

Aportes sociales

La Legislatura reconoció a 23 ONG

El Poder Legislativo entregó reconocimientos ayer a 23 organizaciones no gubernamentales que prestan servicios sociales en distintos ámbitos de la provincia. “Esta Legislatura desde hace cinco años ha tomado la sabia decisión de ayudar a estas instituciones para que ellas ayuden”, señaló el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, que estuvo a cargo del evento. Agregó que la Cámara “está colaborando” con distintas instituciones sociales de la Provincia, y ratificó que “va a continuar haciéndolo”.