La Justicia privilegiada

El acceso a la jubilación con el beneficio del 82% móvil es uno de los rasgos definitorios de lo que los príncipes del foro denominan “la oligarquía judicial”. Otro aspecto distintivo es la excepción al pago del Impuesto a las Ganancias prevista para quienes ingresaron a la judicatura antes de enero de 2017. El concepto de casta termina de configurarse con ventajas como las seis semanas de vacaciones al año y retribuciones que, al menos en “Trucumán”, son la envidia del pueblo: casi no quedan abogados que puedan resistirse a este combo de provechos vitalicios. Esa lesión al principio de igualdad -artículo 16 de la Constitución- sería opinable si en conjunto el servicio fuese de primerísima calidad. Pero pese a los voluntarismos y a las ínsulas de ejemplaridad, escasea el respeto por la Justicia, centralmente por la mora y el déficit de independencia. Esta falta de credibilidad torna insoportable el privilegio, pero desmontarlo tal vez implique tocar los intereses “gremiales” más pesados de la Argentina porque al fin todo lo que en ella existe -hasta las leyes de emergencia- está sometido al control de los jueces.

Para comprender la complejidad de esta desigualdad hay que recordar el impacto que la implementación del régimen especial de las jubilaciones judiciales causó en Tucumán. El país transitaba por el mejor momento económico de lo que va de este siglo de privaciones. Ello permitió al Gobierno de Néstor Kirchner comprometer a generaciones y generaciones de compatriotas mediante una ampliación desaforada de la base de pasivos. El peronista camaleónico Sergio Massa, hoy presidente de la Cámara de Diputados, ejecutó esa irresponsabilidad desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). A la par de romper el ABC del régimen de reparto y facilitar la jubilación de quienes no habían aportado a su sostenimiento, Massa y Kirchner forzaron la lógica elemental de la gratitud, y se dedicaron a firmar convenios con las provincias para que más funcionarios públicos pudiesen retirarse con reconocimientos económicos propios de ex presidentes de la Nación.

En junio de 2006, el terruño que entonces gobernaba el senador José Alperovich se convirtió en una de las primeras jurisdicciones que equiparó las jubilaciones de la familia tribunalicia local con las que tenía la Justicia Federal desde 1991 en virtud de la Ley 24.018. Firmaron el acuerdo Alperovich y Kirchner con la participación de Massa; de Oscar Parrilli, hoy diputado del Frente de Todos, y de Alfredo Dato, ex presidente de la Corte provincial y ex diputado justicialista. Su principal efecto fue la eliminación del tope de $ 3.100 -U$S 1.000 de ese momento- que regía los retiros de los judiciales. La implementación del 82% móvil a una remuneración alta multiplicó aquel techo hasta cinco veces, como si fuese una reedición del milagro de los panes y los peces.

Al esquema previsional con coronita ingresaron no sólo los vocales de la Corte; el ministro público fiscal, y los jueces, fiscales y defensores oficiales, sino también los secretarios; relatores y prosecretarios hasta la categoría “D”, y los jueces de Paz. Aunque los riesgos que para el erario entrañaba la extensión de semejante gracia eran previsibles, nadie imaginó las implicancias que iba a producir en la institución encargada de dar a cada uno lo suyo, y de poner límites a los demás poderes del Estado. A la vista está lo que pasó: decenas de jueces se marcharon al unísono, fenómeno que preparó las condiciones para que Alperovich se transformara en el mandatario que quizá más magistrados nombró en la historia vernácula.

Los Tribunales tucumanos nunca se recuperaron por completo de aquellas acefalías que deterioraron su capacidad para emitir sentencias justas y oportunas. Y la experiencia enseña que, ante la posibilidad de perder la jubilación premium, la mayoría de los magistrados que reúna los requisitos de edad y contribuciones pasará al sector pasivo. Un rumorcillo en esa dirección había generado una ola de trámites ante la Anses a comienzos de 2018: 20 de los 30 jueces que querían consolidar su derecho al beneficio especial ya dejaron sus despachos. Los demás podrían irse en el corto plazo, incluido el vocal decano de la Corte, Antonio Daniel Estofán, ante el anuncio de revisión de las jubilaciones más caras que la votación polémica de los superpoderes y del ajuste obligó a hacer al presidente Alberto Fernández.

El escenario anticipa nuevas vacantes en los Tribunales ordinarios; en la Justicia de Paz espectral y en la Justicia Federal. Traducidas al castellano, estas vacancias entrañan el aumento del atraso para la resolución de los procesos y una mayor presión para las arcas de la Anses, además de servir una oportunidad jugosa para que la dirigencia siga practicando el deporte que le fascina, poner “jueces propios”, si es posible sin estabilidad ni concurso puesto que las emergencias son contagiosas.

En el hipotético caso de que el régimen del 82% sea morigerado o eliminado, hay quienes ya imaginan a la magistratura atornillada “hasta la muerte” en sus respectivos despachos, en una gerontocracia digna de una novela de Stephen King. En Tucumán esto no resulta descabellado porque los jueces deciden cuándo irse: no rige el límite de 75 años confirmado para el orden nacional. También están los que pronostican una marea de juicios contra el Estado por la afectación a derechos adquiridos y al principio constitucional de la intangibilidad de los salarios de la judicatura -como garantía de la independencia-, cuyo costo tendrá que sufragar la comunidad. Este contrasentido tampoco es marciano: todavía hay jueces -la mayoría de ellos jubilados- que litigan para que la Provincia les otorgue una reparación por la inflación sufrida desde 1994. La única forma de evitar estos daños sería desarmar las jubilaciones especiales hacia adelante como ya ocurrió con la exención de Ganancias, es decir, quitarlas para los jueces nombrados en el futuro, lo que aliviaría al sistema previsional de aquí a 50 años. Como se ve, la república es sabia cuando prohíbe los privilegios porque estos siempre terminaron siendo pagados por el ciudadano común.