15 Enero 2020
CONVERSACIÓN. Santoro y Sale hablan durante la audiencia. FOTO LA GACETA/FRANCO VERA
“Soy el doctor (Ricardo) Santoro, su señoría”, aclaró el asesor jurídico de la denunciante del senador José Alperovich al camarista Enrique Pedicone, quien lo había confundido con el defensor Ariel Sosa. El vocal de la Cámara de Apelaciones rectificó el error y Santoro desplegó la posición de su parte, que aún no pidió ser querellante en el proceso abierto para esclarecer el presunto abuso sexual con acceso carnal atribuido a Alperovich.
“Quiero dejar en claro que las denuncias se realizaron en Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en atención a que los hechos ocurrieron en esas jurisdicciones territoriales, que es la cuestión que estamos debatiendo”, expresó el abogado. Y añadió que lo que ellos querían era que hubiese una investigación “como sea”: “se puede avanzar mientras tanto”.
Si bien parecía que Santoro iba a pedir que las causas permanecieran separadas, al final solicitó al camarista Pedicone el rechazo del recurso de apelación presentado por Alperovich para que el proceso se quede en Tucumán. “Le requiero una solución superadora para que progrese la actividad probatoria”, concluyó.
Sale, en contra de Alperovich
“Precise, doctor”, dijo en reiteradas oportunidades Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, al fiscal ante la Cámara Penal de la capital, Carlos Sale (sustituyó a Alejandro Noguera). Obligado a abreviar, el fiscal dictaminó a favor de rechazar la pretensión del senador José Jorge Alperovich de que la investigación del supuesto abuso sexual sea tramitada en Tucumán. Sale, quien tomó la palabra después del codefensor Ariel Sosa y antes del asesor jurídico de la denunciante, Ricardo Santoro, explicó que la acumulación de las investigaciones evitaba la revictimización y garantizaba la emisión de una sentencia en un plazo razonable, entre otras ventajas.
El fiscal expresó luego que, para definir qué jurisdicción resultaba competente, había que atender a la gravedad de los presuntos hechos ilícitos y a la antigüedad de estos. Sin entrar en detalles, Sale analizó que los dos primeros sucesos relatados por la sobrina del senador habían sucedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y que el segundo configuraría el abuso sexual con acceso carnal tipificado en el tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal.
En ese punto de la exposición de Sale, Pedicone le preguntó si él calificaba las supuestas conductas ilícitas de una manera distinta a la fiscala María del Carmen Reuter, que había requerido la apertura de la investigación jurisdiccional en esta provincia. El fiscal negó que tuviese una posición distinta a la de su par y opinó que tanto el criterio de la gravedad de los hechos como de su antigüedad llevaban a la CABA.
Sale agregó que, además, allí había una denuncia por supuesta extorsión articulada por “JJA”, que no había sido ratificada por este, pero que le impedía desconocer la jurisdicción de la Justicia Nacional.
“Fue un acierto”
“En principio diría que el fallo (del camarista Enrique Pedicone) es acertado porque, más adelante y en forma engorrosa, la disputa iba a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, evaluó Augusto Garrido, socio del abogado porteño Mariano Cúneo Libarona. El letrado añadió que la audiencia de la Cámara de Apelaciones le había parecido “muy moderna”: “las decisiones se exponen oralmente. Es lo correcto: en la Ciudad de Buenos Aires todavía los fallos se dan por escrito”.
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