La Justicia entra en el departamento porteño de Alperovich

La Justicia provincial puso en marcha el mecanismo para recuperar la causa abierta contra el senador José Alperovich que el juez de Instrucción en lo Penal Nº2 de esta ciudad, Facundo Maggio, había remitido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Alejandro Tomás, juez penal de turno durante la segunda quincena de enero, envió un oficio a Osvaldo Rappa, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº35, para obtener la devolución de las actuaciones “con la máxima premura posible” a los fines de iniciar la investigación de los presuntos hechos ilícitos acaecidos en Tucumán. En el mismo acto, Tomás ordenó el cambio de carátula de la causa en atención “a la naturaleza” de los supuestos delitos endilgados, abusos sexuales con acceso carnal, y a los fines de garantizar la reserva. En virtud de esta disposición, el expediente en adelante llevará las iniciales de las partes.

Con la comunicación remitida a Rappa, Tomás, juez de Instrucción en lo Penal Nº1 de esta ciudad, dio cumplimiento a una de las decisiones que había adoptado la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción en la audiencia oral y pública celebrada el 14 de enero para revisar la declaración de incompetencia de Maggio, quien consideró que las denuncias contra Alperovich debían ser unificadas en la sede judicial de la CABA. Luego de oír a los abogados del senador, y de su sobrina y ex colaboradora denunciante, y al fiscal Carlos Sale -sustituyó al titular ante la Cámara de Apelaciones, Alejandro Noguera-, el vocal Enrique Pedicone decidió que cada jurisdicción sustancie su propia pesquisa hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva en forma definitiva el conflicto de competencia territorial.

A los fines de acelerar la investigación, como solicitó el asesor jurídico de la denunciante, Ricardo Santoro, Pedicone había dado 72 horas a Maggio para hacerse de nuevo con la documentación enviada a Rappa antes de que su sentencia quedara firme -el pronunciamiento fue apelado por la defensa de Alperovich, quien considera que este debe ser investigado en Tucumán-. Como el juez Nº2 está de licencia hasta fin de mes, el camarista de Apelaciones luego decretó que la restitución del caso fuera gestionada por el juez de turno (Tomás, a partir del 15 de enero). Aquel inició los trámites el viernes pasado. En principio, las partes disconformes con la resolución de Pedicone aún disponen de plazo para recurrirla. Este término vencería en las primeras horas del 29 de enero.

Una medida, hoy

La posesión de la causa es un requisito previo necesario para que el juez adopte las medidas de prueba. En la Justicia penal local aún no hubo ningún acto tendiente a esclarecer la versión de la presunta violación esgrimida por la sobrina y ex colaboradora del senador. Por el contrario, en la Justicia Nacional ya empezó la labor investigativa. En la audiencia del 14 de enero, las partes comentaron que hoy iban a practicar una inspección ocular en el departamento de Puerto Madero (CABA) donde habrían ocurrido los primeros dos de los siete hipotéticos abusos: los cinco episodios restantes pertenecerían a esta jurisdicción.

Los fueros senatoriales implican que, en Tucumán, la pesquisa debe ser desarrollada por un juez (Tomás y, a partir del 1 de febrero, Maggio). Ese procedimiento especial aplicable a las autoridades del Estado previsto en el Código Procesal Penal vigente desde 1991 en general concluyó con archivos y sobreseimientos. Una excepción a esa “regla” es la causa contra el ex intendente de Tafí del Valle y legislador Jorge Yapura Astorga, cuyo requerimiento de juzgamiento firmado por el juez monterizo Mario Velázquez está en discusión desde 2018.

En el caso de Alperovich, Pedicone sostuvo que la única manera de conjurar los riesgos de nulidades que podrían tumbar los procesos era que las justicias de la CABA y de esta provincia avanzaran por su cuenta hasta que la Corte nacional se expidiese. Ocurre que así como Maggio se declaró incompetente y le giró el asunto a Rappa, este antes había hecho lo propio respecto de aquel. Días después, el camarista porteño Mariano González Palazzo revocó la decisión de Rappa y resolvió la concentración de las denuncias en el Juzgado Nº35 que encabeza este. Pero Pedicone consideró que González Palazzo actuó sin facultades porque los juzgados de Rappa y de Maggio están en el mismo peldaño, y la diferencia entre ellos sólo podía ser resuelta por el superior común, que es el máximo tribunal del país.

Los plazos de la separación provisoria de los casos son inciertos puesto que la Corte nacional, a quien Pedicone mandó el incidente, no tiene tiempos para intervenir. Los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Horacio Rosatti han de resolver primero si corresponde o no la acumulación de las causas. Maggio, Rappa y González Palazzo consideraron que había que unificar por motivos de economía procesal, y para evitar la revictimización y resultados contradictorios.

Si hubiese concentración de las denuncias en unos tribunales, luego habría que definir cuáles. La investigación en Buenos Aires se funda en que los supuestos actos ilícitos habrían comenzado allí, en el departamento de Puerto Madero de propiedad del senador, según se desprende de los análisis del testimonio de la denunciante, que trabajaba con su tío en la Cámara Alta -luego fue trasladada de oficina-. Aunque en virtud de esta causa Alperovich obtuvo una licencia sin goce de haberes, lo cierto es que, por motivos laborales, tanto él como su sobrina tienen arraigo en la capital del país. Otra razón para radicar la causa allá es que en alguna medida atañe al Congreso de la Nación puesto que cuestiona a uno de sus integrantes.

El criterio favorable a que investigue la Justicia tucumana se basa en el hecho de que la denunciante y el denunciado están domiciliados en esta provincia. El codefensor Ariel Sosa había alegado en la audiencia que también residían aquí la mayoría de los 100 testigos que planean convocar, y que la intervención de Maggio facilitaría la producción de la prueba en general y el ejercicio del derecho de defensa. A estos argumentos se suma la circunstancia de que, según la denuncia, la mayor cantidad de las presuntas agresiones sexuales y las más graves habrían sucedido en Tucumán.