Amado explicó qué se hará con el ahorro por la reducción de la dieta

Los legisladores aplicarán un “recorte” del 10% sobre sus haberes. El ajuste salarial alcanza a los funcionarios políticos de la Cámara provincial. Se prescindirá de un gasto cercano a los $8 millones.

OFICIALISTA. Amado, presidente subrogante de la Legislatura, en una visita reciente a los estudios de LG Play. la gaceta / archivo OFICIALISTA. Amado, presidente subrogante de la Legislatura, en una visita reciente a los estudios de LG Play. la gaceta / archivo

Los legisladores irán hoy al recinto por primera vez en 2020 para tratar una medida sin precedentes: se reducirán en un 10% los ingresos que les corresponden por dieta, así como también los sueldos de los funcionarios “políticos” de la Legislatura. Con esto, según estiman en la sede parlamentaria de Muñecas 951, se generará un “ahorro” cercano a los $8 millones para las arcas legislativas. ¿Esto significa que habrá un reajuste de partidas? ¿Qué se hará con ese dinero? ¿Se puede reforzar otras áreas del Estado provincial?

LA GACETA le planteó estos interrogantes al titular subrogante de la Legislatura, Regino Amado. Y el referente oficialista de Monteros explicó cómo operará este “recorte” en el ámbito público.

“El ahorro, en este caso, implica que se evitarán durante seis meses una serie de desembolsos que ya estaban presupuestados”, indicó el justicialista. Añadió que estas medidas “de austeridad” son necesarias para afrontar los efectos de la crisis financiera, que afecta tanto al erario como al bolsillo de los ciudadanos.

En términos porcentuales, los $8 millones que desistirán de desembolsar en la Cámara provincial por el pago de haberes representan el 0,12% del presupuesto legislativo para 2020.

Al margen de las cifras, se trata de una disposición que está en línea con un decreto reciente del Poder Ejecutivo, a través del cual se redujo -también en un 10%- el sueldo básico de “los funcionarios superiores”, hasta el nivel de subsecretarios de Estado.

Dicho instrumento, rubricado hace dos semanas por el vicegobernador Osvaldo Jaldo (estaba a cargo del PE por la licencia del gobernador, Juan Manzur), remitía a la vez a la declaración de emergencia “en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social” declarada por el Congreso de la Nación, a pedido del presidente Alberto Fernández; y a la emergencia económica en Tucumán, prorrogada en diciembre por el Poder Legislativo de la Provincia.

“En dicho marco, se requiere un mayor esfuerzo desde los sectores jerárquicos y de conducción del Estado”, se redactó en los considerando del decreto del PE.

En la sesión de hoy, citada para las 9, los legisladores aceptarán la “invitación” formulada en el articulado, también dirigida al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Fiscal de Apelación y a la Defensoría del Pueblo.

En principio, los bloques políticos de la Legislatura habían aceptado “congelarse” durante seis meses las dietas, fijadas en $131.515 mensuales. Se trataba de una suerte de “efecto dominó” de lo resuelto en el Congreso de la Nación. Con la reducción del 10%, los haberes legislativos quedarán en $118.364 a lo largo de este semestre. El “ajuste” también alcanzará a los funcionarios políticos de la Cámara provincial, como el secretario Claudio Antonio Pérez y el prosecretario administrativo Humberto Fioritto.

En su edición de ayer, LA GACETA publicó una serie de propuestas de legisladores de distintos bloques para los $8 millones que se “ahorrarán” con los ajustes salariales. Sin embargo, tras la explicación de Amado, queda claro que esos fondos no serán aplicados por el momento.

Fuentes del oficialismo señalaron que esto va más allá de un simple “gesto”. La idea de fondo sería tratar de generar recursos para afrontar el pago de salarios estatales. Con la suspensión de la última cuota de la “cláusula gatillo”, el Estado provincial evitó un desembolso cercano a los $600 millones, equivalentes a la suba del 10,5% correspondiente a la inflación acumulada entre octubre y diciembre. Para no caer en giros “en descubierto” en las cuentas públicas -y para no verse obligados a buscar otras vías de financiamiento, como la toma de créditos o el pedido de anticipos financieros a la Nación-, en el gobierno apuntarían a limitar los gastos corrientes, como los salarios. En definitiva, ese sería el destino de los $8 millones del “ahorro” de la Legislatura.

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