18 Febrero 2020
La comisión de Medio Ambiente de la Legislatura dictaminó a favor de frenar durante un año la construcción y la comercialización de terrenos en El Pelao, cerro central del valle de Tafí. Este visto bueno habilita a incluir ese proyecto de ley en el temario de la próxima sesión, que tendría lugar este jueves. “Los miembros de la comisión entendieron la emergencia ambiental en la que estamos”, dijo a continuación de la reunión de ayer el vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse (PJ). El legislador oficialista ratificó que el “cepo” regirá durante un año, plazo en el que un equipo de funcionarios, y de instituciones y ciudadanos deberá elaborar medidas para la preservación de la montaña en riesgo.
La iniciativa parlamentaria en cuestión fue presentada por el presidente subrogante Regino Amado luego de que trascendiera que un grupo de vecinos de El Pelao se había organizado para impedir su urbanización irracional, sobre todo en el área donde existen vestigios arqueológicos. El viernes, Amado expuso la idea de detener la edificación y la compraventa de parcelas en la reunión con los representantes de los distintos bloques, quienes la suscribieron por unanimidad. Se supone que todos ellos volverán a reunirse hoy para fijar el orden del día que debatirán y votarán en el recinto.
La intervención legislativa en El Pelao pondrá fin a la inacción del Estado en un cerro clave para el paisaje vallisto. La circunstancia de que esta área está ubicada en la jurisdicción El Mollar, pese a su cercanía con Tafí, llevó en la práctica a que no hubiera ningún tipo de control sobre el negocio inmobiliario ni la infraestructura, y a que se instalaran viviendas en cornisas y precipicios, y hasta que se alambraran surcos de agua.
Expediente digital: un abogado dice que faltan firmas electrónicas y pide la postergación de un proyecto judicial
El profesional Rodolfo Gilli se dirigió a las autoridades del Colegio de Abogados de la Capital para alertarlas acerca de que, según su criterio, la mayoría de los colegas no había conseguido turno en el Poder Judicial para obtener la firma electrónica a los fines de la implementación del expediente digital impulsado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Gilli manifestó que faltaban protocolos e instrucciones, y pidió a Marcelo Billone, titular de la entidad, que interceda ante el alto tribunal para retrasar la aplicación gradual de este cambio, que debería comenzar a regir en los juzgados civiles N°4 y 6 a partir del 16 de marzo.
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