”No queremos que en Tucumán ocurra lo que pasó en Villa Gesell”, fue el mensaje enviado desde el Gobierno durante los primeros días de febrero cuando anticiparon la presentación de un proyecto de ley que pretende regular la actividad de boliches, fiestas y del personal de seguridad. Todo sea por evitar un nuevo caso como el de Fernando Báez Sosa.
Hasta ahí, todo bien. Lo que fue haciendo tensar la situación fue la letra chica del proyecto que hoy buscará convertirse en Ley en la Legislatura. Lo que se conocía como adelanto fue que los boliches deberán contratar al menos dos policías y que estos se harán cargo de las personas que el personal de seguridad “eche a la calle”, ya sea por actos de violencia o por cualquier inconveniente. Bien.
También exigirá la instalación de cámaras de seguridad y se le cederá a la Policía el rol de encargada en dispersar al público al cabo de la fiesta. Esta Ley, anticipaban, abarcará a boliches, otros espectáculos y la regularización de la actividad de los patovicas, este último ítem, uno de los polémicos. No es el único.
Al hablar de “regulación”, el proyecto del Régimen Especial de Seguridad de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas deja de lado al Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra). “Promueve la precarización laboral de los trabajadores de la actividad. Exige que los trabajadores estén en relación de dependencia a través de agencias de seguridad privadas o sean monotributistas. Esto es inaceptable”, dice el comunicado de Sutcapra.
En limpio, los patovicas registrados como empleados de boliches perderán su trabajo y los empresarios deberán contratar a su personal de seguridad a una empresa avalada por el ministerio de Seguridad. “Ellos (por los patovicas) tienen un vínculo laboral con sus empleadores de años y no tienen nada que ver con empresas de seguridad privada que cuidan los bienes particulares de empresas o en barrios privados. La Provincia no puede avanzar contra la Ley de Contrato de Trabajo ni contra los derechos de los trabajadores”, agrega el comunicado.
“Nuestra lucha es por mejorar las condiciones de trabajo de nuestros compañeros. No vamos a claudicar en ello”, el mensaje se convertirá en una marcha en repudio a la sanción de esta ley.
Desde la Cámara de Discotecas de Tucumán están que arde también, porque además de perder a su personal conocido de años, aseguran que los costos futuros serán aún mayores por caprichos sin sentidos que nada tienen que ver con la seguridad de un espectáculo.
A principios de mes, el subsecretario de Seguridad José Ardiles mantuvo un encuentro con autoridades de la Cámara de Discotecas con el objetivo de garantizar la seguridad integral de los boliches de la provincia. Se acercó una propuesta basada en la Ley Nacional 26.370 de Espectáculos Públicos, una ley a la que Tucumán está adherida aunque nunca puso en funcionamiento. “Consideramos que no se ajusta a la idiosincrasia de Tucumán. Por eso encaramos este proyecto”, manifestó Ardiles. Habría que consultarle cuál es la idiosincrasia de los tucumanos, porque en la Ley que se votará mañana, quedó derogada la local 9220 y Tucumán sí se adherida a la Nacional 26.370.
Pídeme algo, pero haré lo que quiera
Curiosamente, una semana después de que se anticipara este nuevo proyecto de Ley en la provincia, hubo un cónclave convocado por Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Participaron el ministro de Seguridad de Claudio Maley, el presidente de la Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina (Fedra), Rodolfo Di Pinto, y Leandro Nazarre, secretario general de Sutcapra.
En esa reunión Maley expresó que la Provincia estaba trabajando en conjunto con la Cámara de Discotecas local para coordinar acciones entre el personal de seguridad en el interior de las discotecas y personal policial, en su exterior. Pero...