En las estaciones de servicio objetan el proyecto contra los "motochorros"

Se trasladará la responsabilidad de control del Estado a un particular, afirman en Capega.

LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
20 Mayo 2020

La Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, del Gas y Afines (Capega) planteó ante la Legislatura su rechazo a un aspecto puntual que prevé el proyecto de ley contra los "motochorros", que será aprobado en la sesión de mañana.

Gonzalo Rodríguez, vicepresidente de la entidad empresaria, expresó que el sector no está en condiciones de hacerse cargo de los controles establecidos en la iniciativa. Y agregó que esa función debería ser cumplida por agentes del Estado, y no por los trabajadores de las estaciones de servicio.

 "No estamos de acuerdo en que la responsabilidad del Estado de hacer los controles correspondientes para evitar el motoarrebato sea trasladada a un particular, y mucho menos a nuestros empleados, que están cargando combustible", indicó Rodríguez a LA GACETA.

El vicepresidente de Capega señaló que estuvieron pendientes de la iniciativa que está trabajando la Legislatura, y que cuenta con la venia del gobernador, Juan Manzur. De hecho, explicó, participaron de dos reuniones con legisladores y aportaron algunas alternativas, pero no fueron tenidas en cuenta en el dictamen final.

"El proyecto en sí tiene muchas cosas positivas. Pero en este punto en concreto, creemos que se están equivocando. Los operarios de playa no pueden ser los responsables de controlar si una moto que va a cargar combustible tiene la patente bien colocada, si la persona lleva el título de propiedad o el casco. No es función de un empleado estar expuesto a posibles situaciones de violencia", remarcó.

OPERARIOS. Los playeros no ven con buenos ojos hacerse cargo de los controles. OPERARIOS. Los playeros no ven con buenos ojos hacerse cargo de los controles. ARCHIVO LA GACETA

Rodríguez sostuvo que incluso los agentes de tránsito, en los controles viales, suelen contar con apoyo de las fuerzas de seguridad. "Nuestros empleados están muy preocupados por esta situación. Vemos con muy mala perspectiva ese punto del proyecto, más allá de las multas y de lo que se pueda disponer, porque se estará exponiendo al personal. De hecho, esta medida se aplicó en otras provincias y tuvo malos resultados. Y no se pueden seguir implementando medidas que, se sabe, dan malos resultados", argumentó.

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