19 Mayo 2020
EN CASA DE GOBIERNO. Manzur, con funcionarios del Ejecutivo, del Ministerio Público Fiscal y legisladores. Foto: Comunicación Pública
El gobernador, Juan Manzur, dio su aval hoy al proyecto de ley que apunta a endurecer los controles viales para prevenir el motoarrebato. Tras una reunión de la que participaron funcionarios del Ejecutivo, del Ministerio Público Fiscal y legisladores, se anunció que la intención es comenzar a implementar la normativa a partir de la primera semana de junio.
La iniciativa contra los "motochorros", impulsada por el vicepresidente primero de la Cámara, Gerónimo Vargas Aignasse, será tratada en la sesión del jueves de la Legislatura. Manzur anticipó que, de ser aprobada, dispondrá su promulgación "rápidamente". "(La intención es) ponerla en marcha, porque puede ser una muy buena herramienta para disminuir el robo mediante el motoarrebato en Tucumán", afirmó el gobernador a la prensa.
Destacó que la normativa apunta contra los "motochorros" y también contra quienes circulan en motos robadas o en situación irregular. "Es una ley que cuenta con el apoyo de los tres poderes del Estado, que ha sido consensuada", afirmó.
Vargas Aignasse destacó que se llevará adelante un cambio de paradigma en cuanto a que la atribución del control vial, que es exclusiva potestad de los municipios, pasará a ser ejercida también por las fuerzas de seguridad de la Provincia, con apoyo de fuerzas federales.
"La decisión como gobierno es salir a dar una pelea contra el motoarrebato, estamos decididos a terminar con esta modalidad delictual, que agobia a la ciudadanía”, afirmó el presidente de la comisión de Seguridad de la Legislatuar.
Detalló que la primera etapa se dará en la Capital. "(Se estará) cuadriplicando lo que se ha visto en la cuarentena”, describió, con respecto a la presencia policial. Y advirtió que, entre otras medidas, "no podrán circular (en una moto) más de dos hombres que no cuenten con la autorización oficial”.
Otro aspecto clave será que los estacionamientos no podrán recibir a rodados que no tengan patente puesta. "Es clave que la ciudadanía regularice su situación, que tengan los papeles, el casco, número de dominio. Vamos a ser rigurosos”, anticipó. E insistió: "la persona que usa la moto como medio de transporte no tendrá ningún problema, sólo deberá contar con los papeles en orden".
El ministro de Seguridad, Claudio Maley, consideró que la iniciativa a aprobar será importante para su área. "Venimos con varias reuniones de coordinación, y le comentamos al gobernador Manzur y al Ministerio Público Fiscal sobre los intereses que tenemos en contar con una normativa más exigente, para (lograr) la finalidad de bajar los índices del delito como producto del uso de la moto, llámese robo o motoarrebato. Necesitamos ese instrumento. Que sea más exigente y más severo”, aseveró el funcionario. Agregó que, si se dan los pasos necesarios, la intención es comenzar a implementar la norma a partir de la primera semana de junio.
En representación del Ministerio Público, que conduce Edmundo Jiménez, estuvieron el fiscal de Instrucción, Carlos Picón, y el secretario judicial del órgano de persecución penal, Tomás Robert.
“No podemos perseguir lo infraccional (de competencia municipal hasta el momento), sino el delito, pero lo importante es trabajar juntos, porque una situación puede llevar a la otra. Es una experiencia inédita, y vamos a colaborar en todo lo que sea necesario”, indicó Robert. Y anticipó que los funcionarios judiciales participarán de los controles viales diagramados por las áreas de seguridad.
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