Parece inagotable el conflicto existente entre la Intendencia y el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tafí del Valle. El nuevo capítulo de esa disputa laberíntica, que comenzó en el mismo momento del recambio de autoridades de 2019, encuentra al intendente justicialista Francisco Caliva decidido a ser él quien abra el período ordinario de sesiones del órgano deliberativo, ceremonia que, según la Ley 5.529, debía ocurrir el 1 de marzo. Con ese afán, el jefe municipal “invitó e intimó” a algunos ediles por carta documento a sesionar en su presencia el martes a las 10. Pero resulta que, por unanimidad, los integrantes del Concejo prescindieron de Caliva y declararon inaugurado el período ordinario el 12 de mayo pasado.
“Según lo dispuesto por el inciso 21 del artículo 47 y el artículo 17 de la Ley 5.529; en cumplimiento del poder y deber a mi cargo; por haber fracasado las reiteradas convocatorias a la sesión ordinaria inicial debido a la falta de quorum por las disputas internas entre los concejales, invito e intimo a sesionar con el único objeto de inaugurar el período ordinario de conformidad con la normativa”, expresó Caliva en las cartas documento que mandó un día antes de la reunión del 12 de mayo, pero que sus destinatarios recibieron varias jornadas más tarde. El intendente añadió que en ese ámbito iba a rendir cuentas sobre su gestión y a leer su programa de gobierno. La intención de hacer el martes lo que no sucedió el 1 de marzo fue anunciada ayer en las redes sociales oficiales. La Municipalidad comunicó que, como recomendaba a los vecinos quedarse en la casa, iba a transmitir la sesión por la radio FM Calchaquí.
El giro plantea un signo de pregunta a la solución consensuada a la que llegaron los dos bloques justicialistas: el opositor y el afín a Caliva. Ambos sectores se aferraron al principio de la autonomía municipal para regularizar el Concejo puesto que la ley no ofrece alternativa para el supuesto de que no acontezca la sesión especial del 1 de marzo. Votaron a favor de seguir adelante -sin convocar al intendente- los opositores Sonia Saavedra (presidenta), Jéssica Yapura Astorga (vicepresidenta primera) y Juan Carlos Rivadeneira (vicepresidente segundo), y los oficialistas Omar Monasterio, Omar Vedia y Miguel Cruz. Fue el primer punto del orden del día y el que generó mayor coincidencia: con distintas palabras, los ediles dijeron que querían dejar atrás las asperezas y ponerse en regla.
La concordia duró poquísimo. Las opositoras Saavedra y Yapura Astorga informaron que ellas recibieron las cartas documento de Caliva respectivamente el 15 y el 18 de mayo, y que las rechazaban por completo. “Yo me voy a manejar como dice la ley y el reglamento. Esto me tiene muy desconcertada y avergonzada. ¿Cómo quedamos? El intendente tiene una actitud totalmente irresponsable. ¿A dónde quiere llegar? No podemos jugar con las instituciones de esta forma”, cuestionó la presidenta Saavedra. La concejala añadió que la gente estaba muy afligida por la recesión y la pandemia, y que Tafí sufría el derrumbe del turismo. “Pido al intendente que recapacite. Siento que cayó encima de mí la nevada que tuvimos hoy (por ayer)”, dijo por teléfono.
Por separado, Yapura Astorga, que es hija del ex intendente y legislador oficialista Jorge Yapura Astorga, manifestó que “desconocía totalmente” lo que pretendía hacer Caliva. “Nosotros sabemos que tenemos sesión el miércoles 27 con un orden del día relativo a nuestra institución: debemos fijar día y hora para reunirnos, como acordamos el 12 de mayo. Y todos fuimos debidamente notificados”, afirmó. Y agregó: “no sabemos si Caliva sabe que los concejales de su bloque votaron para subsanar el limbo en el que estábamos. Desconocemos qué quiere hacer y cuáles son sus objetivos por lo que sería bueno que se explique”. “No tengo mucho conocimiento ni me junté con el intendente. Prefiero no opinar por el momento”, se excusó el oficialista Monasterio. Vedia y Cruz no respondieron las consultas que les formuló LA GACETA.
Las diferencias entre la oposición, que tiene la mayoría de los votos porque la presidenta Saavedra desempata, y el oficialismo, que dispone de la llave del quorum porque para sesionar debe haber al menos cuatro concejales presentes, eclosionaron tras el juramento, cuando la edila Yapura Astorga planteó una cuestión de privilegio contra Caliva. La opositora sostiene que el intendente debe pronunciarse sobre un audio que lo involucra en el presunto intento de soborno de Rivadeneira, además de que plantea que, por aplicación del artículo 44 de la Ley 5.229, aquel debe ser destituido porque carga con una condena penal firme por un delito culposo (accidente de tránsito). Esas desavenencias, que incluyen la frustrada ceremonia del 1 de marzo (el oficialismo alegó que no fue convocado y la oposición, que Caliva faltó), mantuvieron bloqueado al Concejo hasta la emergencia de la covid-19. Días antes, la Legislatura había advertido a las autoridades tafinistas que el camino que transitaban iba a desembocar en la intervención municipal.