Ley antimotochorros: “hay una fuerte presión empresaria”

La nueva ley antimotoarrebatos entrará al recinto de la Legislatura el miércoles, entre defensas y cuestionamientos. En ese cruce de posiciones, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, uno de los impulsores del proyecto, remarcó que “hay una fuerte presión empresaria para evitar la aprobación” de la norma, que prohíbe que dos “masculinos mayores” circulen en una moto durante las 24 horas, entre otros puntos.

“Respeto la opinión de los empresarios. Claramente, no quieren que sean sancionados mediante la ley, por vender nafta a infractores que muchas veces son delincuentes. Necesitamos que ayuden. Esta ley no es caprichosa, es parte de un diseño de política criminal acordado con el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio de Seguridad”, expresó.

El titular de la Comisión de Seguridad remarcó que “la idea de la normativa es que cada estación de servicio tenga un control municipal o provincial en su zona de acceso”. “Si el control falla, necesitamos la omisión a la venta como ocurre en un quiosco, por la Ley 7.243, o un bar, con la Ley 7.575. No entiendo por qué no pueden hacerlo si otros rubros lo hacen. Esta ley viene a poner orden y seguridad en las calles”, señaló.

Entre las críticas, el diputado nacional José Cano, afirmó que la norma “terminará afectando” a ciudadanos que utilizan sus motovehículos como herramienta de trabajo. “No combatirá el delito utilizando estos rodados, con el agravante que en la mayoría de los casos se realiza mediante el uso de armas de fuego”, manifestó.

“La Ley Nacional de tránsito y la Constitución, tanto Nacional como la Provincial, no prohíben la circulación de las personas, sino todo lo contrario. Esta ley pretende imponer que durante la noche no puedan circular dos personas en motovehículo, cuando es sabido que la gran mayoría de los robos con esta modalidad se da en horarios diurnos. Se somete además a los vecinos responsables a realizar tediosos trámites para pedir permisos de circulación, cuando sabemos que no se puede realizar una denuncia penal porque aluden falta de personal, recursos, etcétera”, añadió.

El radical remarcó que las “estaciones de servicio o sus empleados no pueden cumplir el rol del Estado. Además, indicó: “se puede recomendar la creación de una policía motorizada ‘antimotochorro’, que actúe a modo de prevención’ es decir, sin el uso de uniformes”.