07 Junio 2020
PROBLEMA. El juez advirtió que el Estado interviene con el delito consumado. LA GACETA / FOTO DE ARCHIVO
“No es normal, y no debemos normalizar la idea de que existan adolescentes que viven o actúan como delincuentes de larga data aunque intente inocularse esa idea en la sociedad”, aseguró el juez de Menores Federico Moeykens en una entrevista con LA GACETA.
- ¿Cree que hay una generación que hizo del delito una forma de vida?
- Que un adolescente cometa un delito, más allá de su gravedad, es una tragedia social de la cual las instituciones deben hacerse cargo. Me atrevo a afirmar que hay cada vez más adolescentes sin un proyecto de vida y en un profundo estado de vulnerabilidad que se hacen visibles ante la sociedad recién cuando delinquen. Lamentablemente, es a partir de ese momento cuando el Estado advierte que existen estos chicos y entonces se activan mecanismos protectores y legales para intentar revertir situaciones que debieron prevenirse.
- ¿Es un problema social?
- Sin duda alguna. Son la ética y la cohesión social las que se ven violentadas con los delitos cometidos por adolescentes. Esto debe estimularnos a reflexionar sobre lo que se está haciendo al respecto y el porqué de la escasa eficacia obtenida hasta hoy para poder repensar políticas públicas direccionadas a prevenir la delincuencia juvenil.
- Usted entrevista a los adolescentes. ¿Qué le dicen?
- Advertimos que no hay un único perfil bajo el cual se pueda englobar a todos estos jóvenes. Los menores de edad que delinquen presentan diferentes realidades de vida. Cada situación es distinta. Sin embargo, por lo general hay factores comunes que se repiten en la mayoría de los casos. La ausencia o escasa contención de los padres o referentes familiares, deserción escolar y consumo de drogas, entre otros.
- ¿Por qué se genera este problema?
- Por la falta de una mirada amplia e integradora del aparato del Estado y de la sociedad en su conjunto para instalar políticas que permitan llegar a tiempo a la infancia y la adolescencia, para reducir los daños y desigualdades que son la base de todas las violencias juveniles. Otro problema en la provincia es la carencia de herramientas legales y actores especializados que conformen un sistema procesal penal diferenciado para adolescentes que logre ajustarse a los estándares internacionales de Justicia Juvenil.
- ¿A qué se refiere?
- No basta con que existan jueces penales de menores. Así como existió voluntad política para especializar una fiscalía de motochorros, resulta imperioso crear una fiscalía penal para investigar los delitos cometidos por menores de 18 para evitar que continúen delinquiendo. Neuquén, provincia en la que rige el mismo sistema acusatorio-adversarial que se implementará en Tucumán, cuenta con una Fiscalía Penal Juvenil para hacer frente al delito adolescente. Ello ayudaría a mitigar el problema.
- ¿Cómo se debería trabajar?
- El sistema de justicia penal de menores que actualmente rige, no ha resultado eficaz para disminuir la criminalidad y menos para reeducar los adolescentes que cometen delitos. A primera vista, el nuevo Código Procesal brinda unas pocas pautas o reglas sobre cómo deberá trabajarse con adolescentes infractores, sin que tales reglas resulten suficientes. Necesitamos contar con más herramientas legales que regulen detalladamente y logren precisar el rol de cada uno de los actores que intervienen en la justicia especializada frente a los delitos cometidos por personas menores de edad.
- ¿Qué sucede en otras provincias?
- Avanzaron en la materia adaptando sus legislaciones o dictando leyes procesales penales juveniles. En Tucumán es una deuda pendiente. Trabajar sin una norma de tales características, dificultará la tarea de intentar responsabilizar a esos adolescentes por los daños que cometieron intentado su rehabilitación y, al mismo tiempo, dar respuestas a las víctimas de tales delitos y a la sociedad en su conjunto.
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