Legisladores y droguerías locales cuestionaron el pedido de Manzur para beneficiar a una firma porteña

“Esa ley tiene nombre y apellido”, dijeron.

SUIZO ARGENTINA SA. La firma de la familia Kovalivker cuenta con centro logísticos en 12 localidades. twitter @JuanManzurOK SUIZO ARGENTINA SA. La firma de la familia Kovalivker cuenta con centro logísticos en 12 localidades. twitter @JuanManzurOK

“Ley pareja no es rigurosa” dice un refrán popular, en alusión a que por un mismo hecho no se debe beneficiar a uno en perjuicio de otro. Y el proyecto que envió el gobernador Juan Manzur para que se exima del pago de Ingresos Brutos (5%) por cinco años a una droguería porteña no cumple con ese mandato, según cuestionaron legisladores de la oposición y aliados, instituciones y droguerías tucumanas. Remarcaron que, de aprobarse, habrá una competencia desleal en el rubro, que miles de puestos de trabajo estarán en riesgo y que se avanzará hacia un monopolio.

La iniciativa, firmada también por el ministro de Economía, Eduardo Garvich, propone que se favorezca con una exención impositiva a la firma Suizo Argentina, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero que ya está instalada en Tucumán (Miguel Lillo al 600). El beneficio está supeditado a que la empresa, de la familia Kovalivker, invierta no menos de $ 400 millones para desarrollar una nueva planta de distribución, almacenamiento y comercialización de medicamentos y perfumería en el parque industrial, donde posee tres terrenos. También se argumenta que por esta obra se crearán unos 100 puestos de trabajo, de los cuales sólo la mitad sería de forma directa.

El proyecto entró el lunes a la Legislatura, recibió el martes el dictamen favorable de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Juan Ruiz Olivares, y fue incluido en el orden del día de la sesión de hoy (se informa por aparte). La semana pasada, las autoridades de la Cámara habían manifestado que buscarían que cada tema tenga el tratamiento de al menos dos comisiones.

En contra del proyecto

El interbloque Vamos Tucumán, integrado por José Ascárate, José María Canelada, Federico Masso, Raúl Albarracín, Raúl Pellegrini y Walter Berarducci, adelantaron que hoy presentarán un proyecto para que se exima del impuesto a todas las droguerías y se beneficie al consumidor.

Ascárate resaltó que la firma sólo distribuye medicamentos. “Maneja el 20% del mercado argentino y en Tucumán factura unos $ 400 millones mensuales. En menos de dos años habremos pagado la obra con los impuestos de todos los tucumanos”, lanzó.

Canelada también arremetió contra Manzur. “El gobernador no puede olvidar a las grandes droguerías que lo acompañan casi desde el comienzo de su carrera política. En el medio están los tucumanos que vuelven a ver un Estado copado por los intereses individuales y los lobbies empresarios”, apuntó.

El republicano Ricardo Bussi, también se expresó disconforme. “Mientras las pequeñas y medianas empresas tucumanas están en terapia intensiva, Manzur quiere eximir de impuestos a un empresa de Buenos Aires”, lanzó.

La peronista Sara Alperovich adelantó también su rechazo al proyecto. “Tenemos que generar puestos de trabajo, pero en un marco de libre competencia en igualdad de oportunidades”, dijo.


Cuesitonamientos

La noticia causó rechazo y preocupación en las empresas tucumanas del rubro. “Fue un baldazo de agua fría”, resumió María del Milagro Ortega, miembro del directorio de la droguería Suiza, con más de 60 años de trayectoria. Consideró que los 220 empleados de la firma que lidera su madre, Inés Carletto, y otros 200 trabajadores indirectos quedarían en la calle. “Esta situación nos llevaría a quedar afuera del mercado comercialmente”, dijo a LA GACETA. Además, pidió que si se otorgan beneficios impositivos, sean para todos por igual. “Se le quiere otorgar un beneficio a una droguería que ya tiene sede acá. Esto va en detrimento de la mano obra local. Queremos que se revea esta situación”, reclamó, y dijo que se manifestarán hoy la Legislatura.

“Con nombre y apellido”

El titular de Cofaral, Daniel Camino, se mostró sorprendido por el pedido de exención para una firma porteña dada la delicada situación económica y financiera que atraviesa la Provincia, que hace semanas fue asistida por la Nación con $ 6.000 millones. Consideró que, al ser un traslado de sede, tampoco se está generando desarrollo productivo. “Llama mucho la atención que el Estado, que somos todos, tenga que financiar la construcción de una planta privada. Porque ni siquiera se trata de un préstamo con devolución. La verdad que nos cuesta encontrar fundamentos sólidos que respalden esta decisión del Gobierno”, espetó a este diario. E insistió: “en este caso la ley tiene nombre y apellido. Cuesta entender que nazca de esta manera, para poder beneficiar a una empresa por una construcción de algo que ya está funcionando en la provincia”.

Desde el Colegio de Farmacéuticos, que cuenta con unos 2.000 afiliados, también expresaron su malestar por el tratamiento impositivo diferencial propuesto. “Es una situación irritante; la obra que está por hacer la empresa la vamos a pagar a todos los tucumanos”, dijo a este diario el presidente de la institución, Emilio Alves. Y agregó: “no nos oponemos a que se instalen industrias, pero que si hay una exención sea para todos”.

La Cámara de Droguerías de Tucumán, que representa a 15 de las 60 firmas autorizadas por el Siprosa, envió una dirigida al presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, para que se incluya a todas las empresas en la exención impositiva. “Si no, se estaría generando una situación de competencia desleal, que en el corto plazo devendría en un monopolio”, expresaron Gustavo Blanco Ojeada y Manuel Quintana, presidente y vicepresidente de la asociación. Además, alertaron que de aprobarse la iniciativa tal como está se estaría violando el Artículo 16 de la Constitución Nacional.

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