El intendente tafinisto Francisco Caliva no puede ser objeto de una cuestión de privilegio ni suspendido en su cargo, según el asesor municipal, Enrique Rodríguez, y la directora jurídica Esther Villagra. En presencia de la responsable de Prensa, Ramona Córdoba, los abogados negaron ayer que Caliva esté involucrado en una causa penal por el audio del supuesto intento de soborno del edil opositor Juan Carlos Rivadeneira. “El juez (Mario Velázquez) no ha solicitado el desafuero del intendente, por lo tanto, sólo fue denunciado: es evidente la necesidad política que hay aquí”, opinó Rodríguez.
Los profesionales precisaron que, a diferencia del jefe municipal, Rivadeneira, quien carece de fueros, sí estaba siendo investigado en la Justicia por su participación en el audio de la polémica.
Los abogados manifestaron que el reglamento sólo permitía plantear cuestiones de privilegio contra los concejales: “mal podría sesionar válidamente el Concejo Deliberante con una causa no permitida. Buscan que Caliva cese en sus funciones para que ellos (los opositores) puedan recuperar el poder. Pero tampoco podrían suspender al intendente porque la Ley 5.529 habla específicamente del Concejo Deliberante y del intendente de la capital. Carecen de soporte legal para avanzar”.