El intendente de Tafí del Valle negó tener obras y en la Comuna dicen que “está todo mal”

Francisco Caliva, intendente de Tafí del Valle, quedó enredado en la confusión imperante en el cerro El Pelao por un comentario de Mónica Méndez, delegada de la base de La Banda de la Comunidad Indígena Diaguita. En la Municipalidad negaron por completo la versión de que su jefe político, que tiene una empresa constructora, esté llevando adelante proyectos en la montaña declarada en emergencia ambiental por la Ley 9.224 -la norma que contiene la veda a los loteos y a las edificaciones seguirá vigente hasta la publicación de la que la sustituye-, como indicó Méndez (se informa por separado). “Caliva no está haciendo ningún trabajo de construcción en El Pelao”, respondió Ramona Córdoba, responsable de Prensa de la Municipalidad.

La montaña urbanizada salvajemente pertenece a la jurisdicción de El Mollar, pese a que está más cerca de Tafí y a que el Municipio de Caliva le presta algunos servicios, como alumbrado y recolección de residuos. Luis Ponce, secretario habilitado de la Comuna a cargo de Jorge Cruz, dijo ayer que permanecían alertas a las señales de potenciales violaciones de la Ley 9.224, pero que el control era muy difícil. “Está todo mal en El Pelao. Jamás se hizo un plano de loteo. Hay 169 familias en el aire”, admitió el funcionario de El Mollar.

Ponce manifestó que recibían denuncias de movimientos de suelo, de ingreso de camiones y de descarga de materiales, y que hacían las clausuras cuando advertían que la actividad violaba la prohibición de construir (renovada por un año en virtud de la nueva ley que sancionó la Legislatura el 11 de junio). Si bien el hecho de que se trazaran calles sin respetar las pendientes originales obliga a los vecinos a levantar muros de contención para defenderse de los desplazamientos de tierra, Ponce desmintió que la Comuna exija ese tipo de trabajos, como esgrimió la vecina Sofía Rodríguez. “Hacen los muros para evitar que las casas se desplomen y cuidar sus bienes, pero nosotros no pedimos nada a nadie”, precisó.

El Pelao, un área de enorme valor arqueológico, lleva décadas de crecimiento descontrolado. Los numerosos descendientes de José Frías Silva optaron por dividir las tierras sin concluir el juicio sucesorio, como explicó el abogado Hernán Frías Silva. En la práctica, no hubo ninguna fiscalización estatal sobre el negocio inmobiliario ni la infraestructura -el agua, por ejemplo, está en manos de una cooperativa vinculada al ex concejal Juan Reyes-, lo que llevó a que se instalaran viviendas en cornisas y precipios, y hasta a que se alambraran surcos de agua.

“Necesitamos al Estado”

Rita Zabala, una de las primeras pobladoras del cerro El Pelao (vive allí hace 22 años), dijo que presenció cómo este paraíso natural se transformaba en un peligro para la seguridad pública de sus vecinos y visitantes. “Nunca entendí la indiferencia de las autoridades ante el avance de las construcciones sin estudios de impacto ambiental, paisajístico y arqueológico. Hoy no tenemos caminos, y no podemos usar el río porque está cada vez más cerrado y contaminado. Con un grupo de vecinos hemos logrado unirnos para preservar lo que queda, mejorar lo ya hecho y evitar nuevos daños, pero necesitamos al Estado”, reclamó.