El Estado puede llevar a la quiebra a los que edifiquen en el cerro El Pelao

Una nueva ley pretende desalentar la edificación en El Pelao, un cerro en estado de emergencia ambiental, mediante la imposición de multas susceptibles de fundir a los emprendedores. La norma sancionada el 11 de junio corrigió el defecto técnico técnico de las reglas aprobadas el 20 de febrero y dispuso que la sanción pueda alcanzar hasta los 5.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública provincial, con un mínimo de 300. En los valores vigentes ($ 5.850 por unidad), esto implica que la infracción generará multas de entre $ 1,7 y $ 30 millones. Además, los constructores enfrentan el riesgo del secuestro de los materiales y de las máquinas empleados para ejecutar las obras.

La recaudación será destinada a recuperar y conservar El Pelao, según ordena el último texto legal que aprobó la Legislatura. De este modo queda subsanada la falencia de la Ley 9.224 vigente desde el 10 de marzo -seguirá rigiendo hasta la publicación del instrumento que la reemplaza-, que carecía de castigos para quienes transgrediesen la prohibición de edificar durante un año. El cambio ocurre en un momento delicado para esta área protegida enclavada en el centro del Valle de Tafí (pertenece a la Comuna de El Mollar) por el rebrote de denuncias de construcciones y el enfrentamiento existente entre los vecinos.

El proyecto convertido en ley deroga la 9.224, y renueva la veda por 12 meses del fraccionamiento y la urbanización de terrenos, y de la construcción de viviendas o de obras edilicias “de cualquier tipo”. Esta iniciativa presentada por los legisladores oficialistas Regino Amado y Jorge Yapura Astorga, y el radical Raúl Albarracín otorga al Poder Ejecutivo la facultad de definir la autoridad de aplicación de la normativa que procura frenar el deterioro de El Pelao. Ese organismo debe inventariar la infraestructura, y elaborar un plan de preservación y conservación arqueológica, ambiental y paisajística en el plazo de 90 días desde la promulgación de la nueva ley -todavía no sucedió-.

La tarea más relevante asignada a la autoridad de aplicación que el Gobierno designe es la de reaccionar frente a la infracción. La norma prescribe que el organismo deberá tomar las medidas pertinentes para asegurar las pruebas del incumplimiento y evitar su continuidad, además de disponer el secuestro de los bienes involucrados en la construcción, que han de quedar en un depósito o en poder de un depositario. El monto de la sanción será fijado luego de una investigación sumaria que garantice el derecho de defensa, y guardará relación con la naturaleza de la falta y el daño causado. La ley autoriza a la autoridad de aplicación a requerir el auxilio de la fuerza pública (Policía) para practicar las medidas de tutela y de fortalecimiento de El Pelao.

Tensiones crecientes

Aunque en teoría desde marzo nadie puede modificar la escenografía de este cerro erigido en reino de la irregularidad, los residentes que se movilizaron para exponer la degradación aseguran que, en medio de la cuarentena, volvieron los camiones y los obreros. Mónica Méndez, delegada de la base de La Banda de la Comunidad Indígena Diaguita de Tafí del Valle, manifestó que la situación los superaba y apuntó “hacia arriba”: “está el poder político involucrado. El propio intendente tafinisto Francisco Caliva tiene obras en El Pelao”. Consultado al respecto, el jefe municipal negó esta versión (se informa por separado).

El grupo de alrededor de 20 propietarios que publicita los sucesos de El Pelao, en el que están Rita Zabala e Isabel Rodríguez, consideró que su seguridad corre peligro ante la inacción de la Policía y de la Comuna de El Mollar. “Lamentablemente el clima es cada vez más tenso y violento en el arroyo Morales (una ladera del cerro). Aunque celebramos la Ley 9.224, seguimos en un limbo y lejos de la Comuna, que no muestra voluntad de solucionar los conflictos”, dijeron. Y añadieron que sus gestiones para parar las obras habían generado amenazas y ataques en las redes sociales: “nos gustaría saber quién fiscalizará las edificaciones y si actuarán inmediatamente. Hoy somos vecinos abandonados a nuestra propia suerte”.

El jueves, LA GACETA constató la existencia de materiales en distintos terrenos así como movimientos de tierra. Sofía Rodríguez, dueña de una casa en la que había obreros, explicó que estaba excavando para levantar un muro de contención a los fines de impedir los aludes por pedido de Luis Ponce, secretario habilitado de la Comuna, pero que carecía de un permiso oficial. Esa propietaria expresó que se sentía hostigada y acotó que los residentes que vigilaban la observancia de la prohibición de construir también la habían transgredido.