Los problemas de infraestructura que padece Tucumán son responsabilidad de la desinversión por parte de los gobiernos provinciales; y deberían ser los funcionarios, y no los empresarios, los que expliquen por qué no se invierte el dinero de los contribuyentes en obras públicas. Esas dos certezas vertebran la respuesta con que el legislador radical José Ricardo Ascárate enfrentó los cuestionamientos de los conductores de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) y de la Federación Económica de Tucumán (FET), que defendieron la gestión del gobernador Juan Manzur de las objeciones que el opositor formuló en LA GACETA.
“Resulta paradójico que, ante la crítica que realicé respecto del Gobierno que menos recursos de su presupuesto invierte en planes de Infraestructura, la respuesta venga de la Cámara de la Construcción. Debería estar preocupada por la paupérrima calidad del gasto público: el 89% del dinero de los contribuyentes se va en el pago de las planillas salariales y de los gastos corrientes del Estado”, puntualizó el legislador.
En la edición del lunes, el opositor planteó que los $ 30.000 millones de inversión anunciados la semana para Tucumán hasta 2023 equivalen a 410 millones de dólares, cuando el macrismo invirtió 670 millones de dólares en obras en la provincia.
Ayer, Jorge Garber, presidente de la CTC, aseveró que esa central empresaria se manifiesta “en contra de lo que dice el legislador”. Y agregó: “quisiera saber cuáles son las obras (que hizo el macrismo). Obras que ellos hayan licitado no conozco ninguna”.
Alberto Guardia respaldó la postura de Garber, destacó que hace una década no había un anuncio de la importancia el que formuló la Provincia la semana pasada y aseveró que la inversión “va a dinamizar toda la economía de Tucumán”.
“Nuestra provincia es la que menos partidas ejecuta en infraestructura. Santiago del Estero, con un presupuesto que equivale a la mitad del tucumano, invirtió 10 veces más en obra publica en 2019”, contrastó Ascárate.
El radical se manifestó preocupado por el hecho de que la CTC “niega las inversiones que realizadas entre 2016 y 2019 en Tucumán por 16.800 millones de pesos. Es una inversión física de más de 600 millones de dólares: programas Hábitat en los municipios del interior, escuelas primarias, secundarias y técnicas nuevas, al igual que jardines de infantes y centros materno-infantiles. Esto, además de canales de desagüe y sistematización de cuencas hídricas, redes de agua y saneamiento, redes y plantas cloacales inauguradas y puestas a disposición de la SAT, obras aeroportuarias, puentes, repavimentación de rutas y repotenciación de centrales eléctricas”, afirmó.
“El presidente de la FET lo sabe porque es contratista de obras ejecutadas y en ejecución de la Secretaria de Recursos Hídricos y del Enhosa, como canales en Alberdi y la planta de agua en Amaicha del Valle”, precisó.
“Pero los firmantes de la respuesta que debió dar el Gobierno ocultan que el problema de atraso en infraestructura de Tucumán no es ni ha sido la inversión nacional, que por cierto todos queremos, sino la absoluta desinversión en obras propias”, sentenció el opositor. Además de insistir con que el macrismo invirtió en Tucumán que los $ 30.000 millones anunciados, Ascárate reparó en el impacto negativo que tendrá la actualización por mayores costos. “Por ejemplo: la planta de tratamiento cloacal de Concepción, licitada en 2017 y preadjudicada a una empresa de Formosa por $ 379 millones, está a la firma de contrato ahora por casi 1.500 milones. A esa obra también la anunció Manzur”, concluyó.