Por Gustavo Rodríguez
02 Julio 2020
PROBLEMA. El servicio de penitenciario, después de varios meses, recibió a 35 personas que estaban en comisarías. la gaceta / Foto Juan Pablo Sánchez Noli (archivo)
La crisis carcelaria está generando situaciones extremas e impensadas. Un condenado, a través de su abogada, pidió ayuda a la Nación para que fuera enviado a la cárcel, ya que denunció que al estar detenido en un calabozo de una comisaría está recibiendo trato cruel y deshumanizado.
La historia de Diego Maximiliano Sale podría ser la misma que la de cualquier otro penado o procesado que siguen alojado en los calabozos de las comisarías, a pesar de que las normas vigentes y los tratados internacionales a los que se encuentra adherida la provincia lo impiden totalmente.
Hace una semana, LA GACETA publicó en un informe los números de personas alojadas en las dependencias policiales de la provincia. Superan las 1.200. De ese número, 76 son personas que ya fueron penadas por un tribunal, 848 a las que se les dictó prisión preventiva y 59 tienen arresto domiciliario, lo que representa un total de 983 reos. A esa cantidad se le debe sumar los 105 detenidos que esperan que la Justicia resuelva su situación procesal. Y faltan los detenidos por contravenciones, que en el informe son 120, pero durante los fines de semana esa cifra se puede hasta triplicar.
La población carcelaria en estos momentos es de poco más de 1.320. Los detenidos en Villa Urquiza son alrededor de 1.000; en el penal de Concepción, otros 280, y en la cárcel de mujeres, 41, según los últimos informes. La situación no es crítica. La capacidad es de aproximadamente 1.100, por lo que el exceso del cupo es de aproximadamente el 20%, cuando la media nacional supera el 40%.
El problema está en que no hay manera de recibir a los presos que se encuentran detenidos en las comisarías. Los tres pabellones que se construyeron no fueron entregados por una diferencia entre el Servicio Penitenciario y las empresas constructoras.
El caso denunciado
Sale fue condenado el 3 de marzo a 18 años por haber cometido un homicidio. Los jueces de la Sala IV, después de que dieron a conocer el fallo, ordenaron que fuese detenido y trasladado al penal de Villa Urquiza. Al no haber lugar, fue alojado en la seccional 4a y de allí derivado a otras comisarías por diferentes razones. Su defensora, Silvia Furque, presentó un hábeas corpus ante el tribunal, que fue rechazado al informársele que no podía ingresar por la pandemia. Ante esta situación, la abogada presentó una denuncia en la Dirección Nacional contra la Violencia Institucional.
“Jamás se puede permitir que una persona sea tratada como un animal, que es lo que está ocurriendo con Sale. Mi defendido continúa alojado en un calabozo sucio, maloliente, sin ventilación, compartiendo encierro con otros cuatro internos, sin luz natural, sin agua y sin sanitario. En otras palabras está recibiendo trato cruel y deshumanizado”, explicó la profesional en la denuncia ante las autoridades nacionales.
Furque dijo que a causa de estas condiciones de encierro, Sale se contagió de sarna. “Por un supuesto problema de conducta, el detenido fue trasladado desde la seccional 4a a la 9a. Allí estuvo encerrado junto a otras 30 personas, cuando el calabozo tiene tres metro por cuatro. Dormía en un colchón tirado en el suelo junto a otras tres personas”, indicó.
“De esta manera no podemos dejar de hablar del ejercicio de los derechos de los internos. Es evidente que el objetivo de la resocialización o readaptación del privado de su libertad a la sociedad a través del sistema penitenciario está devaluado, o dicho de otro modo, ha fracasado”, concluyó Furque en el escrito.
La oficina nacional confirmó la recepción de la denuncia y le anunció que abrirá un expediente. Esta investigación se suma a un pedido que habría realizado la Comisión Nacional contra la Tortura, que se maneja en el mayor de los secretos por el grave contenido que tendría.
Balance
Sólo en la unidad regional capital se detuvo a más de 500 personas en un mes
Entre el 29 de mayo y el lunes pasado, el personal de la Unidad Regional Capital aprehendió a 482 personas. De ese número, según consignaron fuentes policiales, 281 fueron detenidas por causas procesales, mientras que 201 fueron demoradas por contravenciones. Todas fueron alojadas en los calabozos de las 14 dependencias de la URC. Los responsables de la unidad informaron además que se demoró a 151 personas por haber violado al aislamiento preventivo obligatorio. También detallaron que en idéntico período se secuestraron 537 medios de transportes. El ranking de incautaciones está encabezado por las motos, con 506. También se decomisaron 23 autos y 8 camionetas. En tanto que por violar la cuarentena, se retuvo 18 motos, 34 autos, 1 colectivo y 3 camiones.
Una institución conflictiva
1- Walter Antonio Vallejo es condenado a 11 años de prisión por la Justicia Federal por tráfico de drogas en el penal de Villa Urquiza.
2- La fiscala Adriana Giannoni pide que se enjuicie a funcionarios por el crimen de un reo que los denunció por venta de drogas.
3- Un funcionario que está en servicio debe afrontar cargo por homicidio agravado por un crimen ocurrido hace casi tres años.
4- La Justicia confirmó que otro interno que había denunciado la venta de droga fue torturado en el penal de la ciudad de Concepción.
5- Empresarios contratistas dijeron que no entregaron obras porque les robaron el material para hacer la instalación eléctrica.
6- Fue negado el pedido que realizaron autoridades del penal para que se instale un cajero automático para que reos cobren el IFE.
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