El Estado es responsable

A Walter Nadal lo mató la policía. A Luis Espinoza lo mató la policía. A Ismael Lucena lo mató la policía. A Miguel Reyes Pérez lo mató la Policía. A Facundo Ferreira lo mató la policía. La lista podría seguir interminablemente. Los casos de homicidios en manos de agentes policiales son habituales en nuestra provincia, así como también son habituales los casos de violencia policial, los procedimientos irregulares y la falsificación de actas que presentan a diario ante los operadores judiciales. Sin embargo, luego de la escandalosa desaparición y asesinato de Luis Espinoza, autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de la propia institución policial, manifestaron que era un caso aislado, que no representaba el accionar general de las fuerzas de seguridad y que se ponían a disposición de lo que se fuese necesario para llegar a la verdad de lo sucedido.

Un mes después la policía tucumana importó, como si se tratara de bienes o servicios, el caso de George Floyd.

Nos encontramos así, ante dos grandes problemas. Por un lado, “el supuesto” desconocimiento de lo que ocurre en las practicas policiales diarias y por otro, ante la realidad de que nadie piensa a la violencia policial como un verdadero problema. Ante cada caso de violencia policial o de gatillo fácil, las autoridades lo primero que expresan es que los hechos sucedieron en “enfrentamientos”, “situaciones confusas”, “refriegas” o simplemente que se trató de un “correcto y oportuno” procedimiento.

La violencia policial se encuentra arraigada en las prácticas habituales del personal policial. Basta con pasar una tarde en un comedor o centro vecinal de los barrios más humildes para corroborar la innumerable cantidad de denuncias por apremios ilegales, torturas, amenaza de armado de causas y cobro indebido de multas.

Desde el regreso a la democracia ningún gobierno tomó la decisión de reformar la ley orgánica de la policía que data de 1970, tampoco modificaron la ley de contravenciones policiales a pesar de que la CSJN la declaró inconstitucional en el 2010 y hace pocos días la Legislatura sancionó una ley que brinda amplias facultades discrecionales a los agentes policiales para detener a motociclistas sin siquiera haber dispuesto la autoridad de aplicación de esa ley.

Es imperiosa entonces una reforma policial amplia. Una reforma que prevea cambios profundos en el ingreso y formación del personal policial y sobre todo que contenga mecanismos y herramientas para impedir y erradicar la violencia institucional.

Si el Estado no hace algo, si no plantea una reforma policial seria, los Nadal, Espinoza, Ferreira, Pérez y Lucena seguirán apareciendo.