03 Julio 2020
SE MANTIENE LO ACTUADO. Villena se aparta de la causa por el presuntom espionaje ilegal, pero no se declararon nulas su resoluciones. TÉLAM
El apartamiento del juez Federico Villena de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal, desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a dirigentes políticos, empresarios y gremiales durante la gestión de Mauricio Macri, no implicó la nulidad de lo ya actuado por ese magistrado.
La Cámara Federal de La Plata, que dio lugar a los planteos de los abogados defensores y apartó al juez, recomendó al nuevo magistrado de la causa, Juan Pablo Auge, titular del Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, que entre sus primeros pasos en el expediente se ocupe de definir las situaciones procesales de todos los acusados que ya fueron indagados entre el miércoles y ayer por Villena en presencia de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Ambos seguirán interviniendo en el expediente y su instrucción ya les fue delegada por Auge, como en el caso de la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y la ex presidenta, actual vicepresidenta, Cristina Fernández.
"Resulta imperioso señalar que en la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas", destacó el juez Agustín Lemos Arias, de la Cámara Federal de la Plata, en su resolución.
Inmediatamente después de conocida la noticia de la recusación de Villena, los imputados detenidos en los últimos días comenzaron a reclamar sus excarcelaciones al nuevo juez de la causa que, antes de decidir deberá correr vista a los fiscales.
Entre los primeros en reclamar su libertad estuvieron Facundo Melo y Jorge "Turco" Sáez; y rápidamente se les sumó la excoordinadora de Documentación Presidencial durante el Gobierno de Macri, Susana Martinengo, quien ya tenía el visto bueno de la fiscalía para cumplir prisión domiciliaria y fue indagada entre las 22 de ayer y las 2 de la madrugada de hoy.
Martinengo comenzó su indagatoria destacando que ella es una mujer grande, que tuvo una posibilidad laboral de sumarse a un espacio político y que no cometió los ilícitos de los que se la acusa.
La exfuncionaria aseguró que nunca recibió informes de inteligencia, aunque confirmó que mantuvo reuniones con los exagentes de la AFI ahora detenidos, pero que fueron de índole personal para hablar de temas relativos a su carrera política y que con dos de ellos tenía un largo vínculo de confianza.
Según la investigación, la exfuncionaria se reunió al menos 12 veces entre 2018 y 2019 con ex miembros de la AFI en su oficina de la Casa de Gobierno.
Ante el juez y los fiscales, Martinengo aceptó declarar, dijo no tener vínculos con Macri y que mantenía un trato formal, de jefe y subordinado, con el secretario privado del ex presidente, Darío Nieto, también investigado en el caso.
Fuentes con acceso al expediente dijeron que las declaraciones de Martinengo entraron en contradicción con el contenido de los audios que le hicieron escuchar durante su declaración y que no logró convencer a los investigadores cuando intentó explicarlos.
Al conocerse el fallo de la Cámara Federal de La Plata, la Policía Federal ya había concretado el traslado al juzgado de Lomas de Zamora de los tres detenidos cuyas indagatorias se preveían para la fecha, Javier Bustos, Dominique Lasaigues y Alan Ruiz; mientras que permanecía en rebeldía el buscado ex espía Martín Terra.
Todos fueron llevados de vuelta a la sede policial donde están alojados en la ciudad de Buenos Aires, a la espera de nuevas directivas y con sus indagatorias suspendidas.
A los 22 acusados se les atribuye haber sido parte de una organización con inserción en el Estado nacional, provincial y local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia. (Télam)
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