Los dos antecedentes que favorecen al denunciado

Destituir a un juez provincial es una de las acciones institucionales más delicadas que hay y Tucumán acumula varias frustraciones en esta tarea. La prueba de eso es que Alicia Freidenberg fue la última magistrada ordinaria removida: ocurrió en 2006 y, a continuación, la Justicia ordenó su reincorporación por considerar que había sido mal expulsada. Luego cambió el mecanismo por obra de la reforma constitucional que instauró el Jurado de Enjuiciamiento, pero ello no modificó la frustración. En 14 años de existencia ese órgano sólo destituyó a dos jueces de Paz, Pedro Antonio Núñez y José Solano Lazarte. Aquello ocurrió en 2018. Antes, en 2016, el camarista Eduardo Romero Lascano logró frenar su procedimiento de expulsión con una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Casi todas las impugnaciones contra jueces, jueces de Paz, fiscales y defensores oficiales fueron archivadas en los últimos 15 años por la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Es el cuerpo que debe analizar los cuestionamientos dirigidos a Roberto Guyot, juez de Ejecución Penal de la capital, por parte de la Corte y del abogado Gustavo Morales.

En sus primeros escritos de defensa, Guyot ya dejó entrever su pretensión de aprovechar los antecedentes “Freidenberg” y “Romero Lascano”. El juez citó la jurisprudencia de las cortes local y de la Nación emitida a propósito de la camarista tucumana que indica que un magistrado no puede ser echado por sus decisiones judiciales, sino por su mala conducta. Y, al presentar denuncias de violencia institucional ante la CIDH y la Organización de las Naciones Unidas, activó el resorte que benefició a Romero Lascano.