La senadora Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) expuso el caso de Érica ante la Defensora Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, a quien le solicitó que intervenga para detectar y pedir las correcciones de los mecanismos que considere necesario para evitar que se repitan otros casos similares.
A través de una misiva, la radical le manifestó su “profunda preocupación” por la situación de los niños tucumanos.
“El homicidio encierra una gravedad institucional ya que intervinieron distintas instituciones judiciales y del Poder Ejecutivo para ponerla en manos de sus homicidas, y al mismo tiempo que no se encendieron los dispositivos de prevención pese a la advertencia de vecinos de la pequeña”, expresó la senadora.
En un texto de tres páginas, enviado el pasado viernes, Elías de Pérez le explicó a Graham que la niña ingresó sin vida al hospital Avellaneda, luego de recibir un golpe en la cabeza, que le produjo fractura de cráneo. Le contó que en 2018 la pequeña tuvo que ser retirada de su hogar y enviada a la Sala Cuna, y que un año después fue enviada a la casa de su abuelo paterno, a pesar de que tiene una causa por violencia de género en contra de su actual pareja; y que la abuelastra ya había sido denunciada por maltrato infantil.
La parlamentaria desarrolló también que los responsables del merendero al que Érica asistía la llevaron a la comisaría, porque habían visto los moretones que tenía en el cuerpo, y que el 25 de junio, una semana antes de la muerte de la niña, los vecinos habían denunciado los maltratos que sufría. “Pese a ello, nada se hizo para evitar este desenlace; las intervenciones que realizaron los funcionarios públicos no tuvieron su correcto seguimiento, no la sacaron de su estado de indefensión, ni posibilitaron que la niña pueda superar las situaciones de violencia, activando las medidas y acciones necesarias”, resaltó.
Graham, en tanto, manifestó que el caso de Érica “es gravísimo” y señaló que ya puso a trabajar en el tema al personal del área correspondiente. En ese correo, la Defensora resaltó también que lo denunciado representa una grave vulneración de derechos.