22 Julio 2020
EL TITULAR DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DESDE 2016. Roberto Eugenio Guyot en una entrevista concedida a LA GACETA en octubre de 2019. la gaceta / foto de DIEGO ARAOZ la gaceta / foto de DIEGO ARAOZ
El juez de Ejecución de Sentencias de la Justicia provincial, Roberto Guyot, deberá responder ante el Jurado de Enjuiciamiento por las denuncias en su contra sobre presuntas faltas en el desempeño de las funciones a su cargo.
La comisión de Juicio Político de la Legislatura, por unanimidad, resolvió avanzar con la acusación contra el magistrado, quien fue objeto de planteos de remoción por parte de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y del abogado penalista Gustavo Morales.
El comité legislativo, que preside el oficialista Zacarías Khoder, trató hoy el asunto. De este modo, el expediente pasará a la órbita del Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento, órgano ante el cual los legisladores deberán sostener la acusación.
La CSJT, que preside Claudia Sbdar, puso la mira sobre Guyot por hechos relacionados con dos presos: Reynaldo Gabriel Farías y Daniel Eduardo Lazarte.
Farías había pedido ayuda al magistrado por considerar que un guardia de la cárcel que había denunciado “lo había mandado al choque”. Los vocales entendieron que Guyot no actuó de manera expeditiva ante esa situación.
Respecto de Lazarte, la Corte dijo que Guyot no atendió la prescripción médica que indicaba la necesidad de que el preso sea revisado en el Hospital Padilla. Al final, Lazarte falleció “sin asistencia”, como constató el certificado de defunción.
Por otra parte, en la Acordada 1.422, la Corte tuvo por acreditado que el preso Aldo Chávez lavaba el auto de Guyot. El pedido de destitución consigna, además, que en marzo el juez no adoptó medidas imprescindibles para la captura del preso Martín Emilio Nieva.
La defensa de Guyot sostiene que es blanco de un ataque infundado. “Claramente no estoy aquí por mi conducta, sino por una violencia institucional evidente. ¿Será por las declaraciones sobre el ‘destrato’ (al que me sometió la Corte) que expresé al comienzo de mi gestión? ¿Será porque exijo y reclamo su intervención, y porque eso significaría no serle funcional?”, sostuvo el juez de Ejecución de Sentencias en su descargo. Y añadió que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fue el instrumento de persecución que usaron los vocales: “hay una violación sistemática de los verdaderos estándares para el juzgamiento de un magistrado. He formulado denuncias ante la ONU y la CIDH para el debido resguardo de mi derecho que la Corte ha soslayado permanentemente”.
EN COMISIÓN. Legisladores de Juicio Político. Foto Twitter @Julio_Silman
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