Controversia por la atención de casos de covid-19 en sanatorios

Al menos 115 pacientes con covid-19 están internados en el ámbito público provincial a pesar de contar con una obra social o una prepaga. Así lo sostuvo la ministra de Salud, Rossana Chahla, quien ayer participó en una reunión con los directivos de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán (Acyst) en busca de una solución a la ya polémica cuestión. “Hemos recibido muchas quejas de pacientes que dicen no haber sido asistidos por la parte privada bajo el argumento de que no había camas disponibles. Pedimos que sean recibidos como cualquier otro afiliado; es su derecho”, expresó la funcionaria tras las conversaciones.

El encuentro, que tuvo casi dos horas de duración, se desarrolló ayer al mediodía en la Defensoría del Pueblo. Ocurrió luego de que el ombdusman, Fernando Juri Debo, recibiera numerosas denuncias sobre la supuesta falta de atención de clínicas y sanatorios a personas que sospechan haber sido contagiadas con coronavirus -y que cuentan con alguna cobertura para ingresar a esos establecimientos-. Horas antes, Chahla y Juri Debo se habían reunido “de urgencia” con el gobernador, Juan Manzur, para establecer pautas comunes frente al sector privado de salud.

“Muchos están preocupados porque sus obras sociales no les permiten internarse en otro lugar que no sea el sistema público. Nosotros no tenemos que ver, pero sí podemos trabajar junto a la Defensoría para solucionar este problema”, explicó la titular de la cartera sanitaria durante una conferencia de prensa. Uno de los nudos centrales -mencionó- gira en torno al financiamiento del sistema de salud. “El gran planteo es cómo se puede financiar ese costo extra que tienen los sanatorios en equipos de protección personal (EPP) para atender casos de covid-19. El Siprosa, en realidad, no es un ente financiador, sino un proveedor de servicios”, diferenció Chahla.

Nexo público-privado

La disponibilidad de las camas es otro de los puntos principales en la controversia. “Por un pedido de la Nación, solicitamos al sector privado que nos comunique a diario la cantidad de camas ocupadas, tanto críticas como no críticas. Todavía no obtuvimos esa información y seguimos insistiendo”, protestó Chahla.

Desde fines de enero -aseguró la funcionaria- el Ministerio de Salud Pública ha trabajado con el ámbito particular en capacitaciones. “Hemos abordado cuestiones de bioseguridad y los hemos preparado en la toma de muestras con los materiales necesarios. Hemos capacitado a más de 2.500 personas de los privados”, ahondó la ministra.

“Por este tema, nos comunicamos también con las obras sociales. No somos más que intermediarios; no nos gustaría tener este inconveniente ya que el paciente con covid tiene una patología más y no debería ser estigmatizado. Eso es caer en discriminación”, consideró Chahla. Y agregó: “la situación nos desbordó; supimos de casos que a la madrugada no eran atendidos en sanatorios. Eso nos llevó a hablar con el gobernador y pedir esta reunión en busca de consenso”.

Ante una consulta de LA GACETA, la titular de Salud especificó que otra de las situaciones planteadas a la esfera privada fue la de los traslados de los pacientes con coronavirus. “Nosotros hemos estado haciendo todos, tanto los públicos como los privados. Le pedimos a la gente que exija a lo que paga que sus servicios sean como siempre”, exhortó.

La réplica de Acyst

El ambiente fue de tensión durante la extensa reunión que se celebró en la Sala Juan Kalchaki de la Defensoría. Sobre el final, pese a las diferencias, primó la concordia entre las partes y se estableció una hoja de ruta. El presidente de Acyst, Eduardo Luis Vega Olguín, negó en declaraciones a la prensa que se haya rechazado la atención a pacientes con covid-19. “Hemos atendido a todos los que lo solicitaron y tenemos muchísimos casos documentados. Ahora bien, hay que aclarar que estamos en invierno y que normalmente faltan camas porque se incrementan las internaciones”, aseveró el médico. “Nosotros no hemos solicitado ningún traslado”, añadió respecto a las supuestas derivaciones a centros públicos.

A su vez, Vega Olguín dijo que su asociación “no pide financiamiento”. “Sencillamente queremos cobrar lo que se utiliza y cuesta. Seamos puntuales: en Tucumán, la mitad de la solución tiene que ver con el Subsidio de Salud. Hemos estado conversando con ellos, pero aún no hay resultados. Debemos centrarnos en la prestación y no en discutir sobre dinero”, fustigó el directivo.

Chahla examinó que este fin de semana se comprobará si efectivamente los sanatorios atienden a positivos en coronavirus. “Nos dijeron que lo hacen. Ahora veremos, por ahí detectamos más casos y quienes tengan obras sociales deberían ser recibidos por los privados”, estimó.

“Un amparo colectivo”

Juri Debo evaluó que la reunión con Acyst fue positiva, pero anticipó mecanismos de acción en caso de que las denuncias persistan. “Si es necesario, haremos un amparo colectivo contra quienes no presten servicios a sus afiliados. Primero, porque es su derech; segundo, por abandono de persona”, remarcó el defensor del pueblo. “Nadie debe recorrer sanatorios en busca de una cama”, se quejó. El próximo encuentro -participarán delegados de obras sociales- será el lunes.