Por Gustavo Rodríguez
14 Agosto 2020
SIN VISITAS. Los celulares son uno de los medios que tienen los presos para comunicarse con sus familiares desde hace cinco meses, por la pandemia. la gaceta / foto de Analía Jaramillo (archivo)
La pandemia pareciera haber alimentado una nueva actividad ilegal en, al menos, el penal de Villa Urquiza. Abogados denunciaron en la Justicia que los guardiacárceles montaron toda una estructura para vender y cobrarles el uso de esos teléfonos a los presos. En el Servicio Penitenciario aseguraron desconocer las presentaciones que realizaron los profesionales.
En marzo pasado, por cuestiones sanitarias, los detenidos de todas las unidades carcelarias de la provincia dejaron de recibir visitas de familiares. Pero para que no perdieran el contacto, se los autorizó a que se comunicaran con ellos telefónicamente. Pero además de reacondicionar las cabinas, se les permitió tener celulares.
Pero para que ello ocurriera, los familiares de los reos debían presentar la documentación para confirmar que los aparatos habían sido comprados de manera legal e informar cuáles serían los chip que les colocarían. En el protocolo de uso que se realizó, también se consignó que los celulares serían guardados por los responsables de cada unidad y se los entregarían entre dos y tres veces por semana a los reos para que se comunicaran con sus parientes.
Argumentos
Silvia Furque, Manuel Pedernera y Gustavo Morales denunciaron en los últimos días que los responsables de cuidar a los presos habrían montado un mercado negro de los teléfonos móviles. “Son ellos los que venden los celulares porque no hay otra manera de que ingresen al penal de Villa Urquiza. En este caso no pueden decir que los arrojan desde fuera de la cárcel porque con seguridad terminarán dañados”, explicó la profesional a LA GACETA. “Pero el problema no termina ahí: después les cobran una suma de dinero para que no se los quiten en las requisas”, agregó.
Boris Nahuel Biza fue trasladado de manera irregular al penal de Concepción el 27 de julio. Un día después mató con una faca a su compañero de encierro, Jonathan Reynaga. Su defensor, Pedernera, había denunciado que al reo lo cambiaron de lugar de encierro porque había denunciado que los guardiacárceles le pedían que les pague $500 semanales para que no le quitaran el celular. “Después de que denunciáramos el hecho en la fiscalía que conduce Mariana Rivadeneira, comenzó la persecución de los guardias. Fue trasladado de manera ilegal a Concepción, donde mató a una persona para defenderse”, explicó.
Morales hace más de un año está denunciando hechos de corrupción que -dice- se producen en las diferentes unidades carcelarias de la provincia. “El tráfico de los celulares en las unidades 1, 2 y en el pabellón de Máxima Seguridad, en este contexto pandémico, se ha transformado en una actividad que hasta supera el ingreso ilegal de drogas. Esto se debe a la falta de controles del Servicio Penitenciario de la provincia. No hay manera de que los estupefacientes y los teléfonos ingresen sin algún tipo de complicidad”, señaló.
Furque dijo además que hay un sistema de castigo para los que no cumplen con el pago semanal para mantener sus celulares. “Se les inicia un sumario disciplinario que luego los perjudica a la hora de solicitar algunos beneficios. Pedimos que la Justicia investigue los secuestros, porque tenemos la sospecha de que no se informan y no se los entregan para volver a venderlos a otros detenidos”, concluyó.
Desconocimiento
El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Esteban Zaracho, dijo que no tenía conocimiento de las denuncias sobre el tráfico de celulares en el penal de Villa Urquiza. “No estoy al tanto sobre este tema, pero si existe una demanda, la Justicia será quien determine su veracidad”, concluyó. (Producción periodística: Santiago Re)
La polémica en cuatro puntos
1- Por la pandemia, los internos de los penales de la provincia no reciben visitas de sus familiares desde hace cinco meses.
2- Los presos fueron autorizados a tener celulares, pero deben cumplir con ciertos requisitos y no pueden tenerlos en su poder.
3- Tres abogados dijeron que los guardias les venderían los teléfonos y después les cobrarían un canon para no secuestrarlos.
4- Los profesionales pidieron a la Justicia que investigue el caso. En el Servicio Penitenciario no sabían de las denuncias.
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