Lo público, lo privado y una polémica inoportuna

17 Agosto 2020

La advertencia salió desde la Defensoría del Pueblo y llegó hasta los principales despachos de la Casa de Gobierno. Según el ombudsman, la repartición a su cargo había recibido distintas denuncias de usuarios de obras sociales que, tras registrar posibles síntomas de coronavirus covid-19, habían concurrido a clínicas privadas para ser atendidos. Y en una importante cantidad de casos, aseveró el defensor del Pueblo, los sanatorios declinaron de prestar el servicio a esos pacientes, alegando la falta de una estructura adecuada para albergar personas alcanzadas por aquella enfermedad. Así, según el relato de este funcionario público, el ciudadano terminaba por ser derivado a un hospital del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) para su tratamiento.

La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán (ACSyT) niega que las instituciones que la integran hayan rechazado consultas por coronavirus. Las autoridades de la entidad sostienen, en cambio, que falta una mayor coordinación por parte del Estado provincial en cuanto a la prestación del servicio de salud para casos sospechosos y confirmados de covid-19.

Según los representantes del sector privado, hace falta un “plan integral” para resolver la cuestión. De esta manera, explicaron, se podrá determinar qué sanatorios atenderán a los pacientes que cursan la enfermedad que tiene en vilo al planeta. En estos momentos, afirmaron, no existe tal “plan”, y el Ministerio de Salud ha “atomizado” la facultad de decidir dónde van a ser alojados los ciudadanos, según sea su cobertura de seguridad social.

La situación ha tensado la relación entre dos partes que, hasta el momento, habían evidenciado una relación de diálogo, según las propias autoridades sanitarias de la Provincia.

En este marco, en ACSyT lanzaron una advertencia: el sector privado posee el 50% de las camas disponibles en toda la provincia para la atención de casos críticos. La experiencia que dejó la pandemia en otros países, e incluso en distritos argentinos, indica que los respiradores y las salas de terapia intensiva son un recurso invaluable para salvar vidas cuando la curva de los contagios por coronavirus alcanza su pico más alto.

En tanto, la Provincia expuso cifras sobre el conflicto. Según el Ministerio de Salud, hasta el viernes último, 162 de los 258 pacientes que permanecían internados o aislados en el servicio público contaban con obra social o servicio prepago de salud. Autoridades del Siprosa alegaron incluso que sí existe un “plan de contingencia intersectorial”, que es aplicado desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, insistieron en la necesidad de que el ámbito privado atienda a los pacientes “covid positivo”, tanto cuando presentan síntomas como cuando son asintomáticos. Además, objetaron los costos de las tarifas presentadas por los sanatorios por los módulos de atención.

Tucumán ha superado ya los 500 casos de coronavirus, con ocho decesos desde que se declaró la emergencia sanitaria por la llegada de la pandemia al país. No sorprende que una crisis de esta magnitud pueda generar tensiones y discrepancias entre los distintos actores que deben afrontarla. Pero la salud de la población debe ser la prioridad. Es esperable que, en esta oportunidad, lo público y lo privado vuelvan a encontrarse en las mesas de diálogo, para así llevar tranquilidad a la población y resolver de una vez una polémica que resulta inoportuna.

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