Reforma Judicial: la primera audiencia no debió ocurrir, según el juez

El Código Procesal Penal de 2016 empezó a regir en San Miguel de Tucumán con una audiencia virtual que, en función de las reglas de ese digesto, no debió haber acontecido, según manifestó el juez Dante Ibáñez. Ocurre que Carlos Picón, fiscal de la Unidad de Flagrancias, optó por no formular cargos contra el autor de una tentativa de hurto en una finca de Tafí Viejo, y aceptar un acuerdo en el que el imputado pidió disculpas públicas y entregó $ 5.000 a la víctima a modo de reparación, además de comprometerse a guardar distancia. Ante ese arreglo, Ibáñez dijo que él no tenía nada que decir ni resolver, y que Picón debía proceder al archivo de la acción penal en el ámbito del Ministerio Público Fiscal al que pertenece.

En Monteros, la otra sede judicial de la provincia que estrenó sistema ayer, no hubo audiencias -la reforma está en marcha en Concepción desde mayo del año pasado-. Mario Velázquez, el juez de turno en esa jurisdicción, se limitó a ordenar por escrito el levantamiento de una orden de captura que obstaculizaba el cumplimiento del cese de la privación de la libertad dispuesta con anterioridad por la Cámara Penal.

A la primera jornada de la implementación total de la reforma procesal sancionada en 2016 le faltó “contradicción” entre las partes, justamente la esencia del llamado “modelo acusatorio adversarial”. En la capital, Patricio Char, el defensor del imputado Gastón Roldán, estuvo hasta de acuerdo con la aprehensión de su cliente, quien “asistió” a la audiencia por la plataforma Zoom desde la comisaría. De hecho antes de ese acto las partes ya habían presentado el arreglo a Picón, quien requirió a Ibáñez un cuarto intermedio para que Char fuera hasta el lugar donde estaban el finquero Maximiliano Thomsen y su abogado Javier Albano para entregarles el dinero. Luego y tras afirmar que su intervención carecía de razón de ser, el juez levantó la audiencia remota. Ello ocurrió a las 13.56.

La ausencia de acusación resultó compensada por la tensión y la expectativa que generó el cambio integral de procedimiento para los hechos ilícitos acontecidos a partir de este martes después de casi tres décadas de vigencia del paradigma anterior, donde la instrucción de las denuncias tramitaba por escrito en expedientes que podían acumular decenas de cuerpos. El proceso del Código viejo de 1991 continuará vigente para los casos en trámite, que quedaron a cargo de una estructura especial situada en esta ciudad. Ese equipo de jueces, fiscales y defensores oficiales dispone de tres años para concluir los procesos antiguos.

La novedad de la primera audiencia del nuevo sistema puso a prueba la paciencia y la destreza de Matías Maldonado, el agente de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de la capital que debía autorizar los ingresos a la sala de Zoom. El destino quiso que después de tres años de postergaciones y amagues, la implementación integral del procedimiento coincidiera con el pico de la pandemia y con unos Tribunales cerrados para la atención al público. Al debut de un formato centrado en la oralidad se sumó el reto de la digitalización, con los avatares técnicos que ello conlleva. Maldonado tuvo mucho trabajo: debió admitir a casi 250 participantes y, en el medio de esa romería de solicitudes de ingreso, le costó encontrar la del juez.

Cuando Ibáñez logró entrar al recinto electrónico, las partes y el público ya llevaban más de 20 minutos esperándolo. Nadie quiso perderse este momento histórico. Entre los usuarios que se identificaron con su nombre y apellido había jueces, fiscales, defensores oficiales, funcionarios y abogados. En las páginas y páginas de pantallitas oscuras y micrófonos cancelados, LA GACETA “detectó” a los magistrados Diego Lammoglia, Carolina Ballesteros, Fanny Siriani, Isolina Apás Pérez de Nucci, María Alejandra Balcázar, Rafael Macoritto, Judith Solórzano, Federico Moeykens y Facundo Maggio; a los fiscales María del Carmen Reuter, Diego López Ávila e Ignacio López Bustos, y a los defensores públicos Hernán Molina y Rosa Ana María Nosetti.

“¡Ahí estamos!”, exclamó Ibáñez cuando, para alivio de Maldonado, consiguió conectarse al Zoom. Con esa interjección empezó oficialmente el imperio del paradigma que pretende dinamizar y transparentar la persecución del delito. Los hechos en esta inauguración fueron muy comunes: Roldán, un cosechero del limón de 21 años, había hurtado una caja de herramientas con un taladro valuada en $ 9.000 que Thomsen tenía en Tafí Viejo. La Policía interceptó al imputado mientras huía. Interrogado por Ibáñez, el muchacho confesó que consumía pastillas y que estaba dispuesto a hacer un tratamiento. Pero no se sabe qué pasará con él y sus adicciones: lo último que se conoció y quedó a la vista es que, pese a que nadie se lo pidió, el juez dispuso su liberación antes de anunciar que el resto corría por cuenta de Picón.