Por LA GACETA
03 Septiembre 2020
El largo camino recorrido durante la reforma e implementación del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) estuvo signado por los contratiempos.
Luego de casi una década de polémicas, de debates y de acuerdos entre distintos actores del Estado y de la sociedad civil, finalmente la normativa que regula el sistema para investigar y juzgar delitos de jurisdicción provincial (robos, lesiones, homicidios, abusos sexuales, entre otros) vio la luz en los tribunales de la Capital.
Los propios redactores de la legislación ahora vigente habían destacado el fracaso del proceso establecido en 1991.
Las fallas señaladas durante las distintas instancias de la discusión parlamentaria, por lo general, arribaban a una única conclusión: era notoria la falta de resolución en miles de expedientes, desde los -a priori- más simples, como el hurto. hasta los más complejos, como puede ser un homicidio.
El sistema reemplazado, según explicó un legislador que presidía la comisión de Asuntos Constitucionales durante el mandato anterior, daba lugar a que pasaran años y años sin que las víctimas de delitos tuvieran la posibilidad de escuchar una sentencia. Por ello, argumentó el oficialista, se apuntó a establecer un cambio cultural en la modalidad de persecución, investigación y sanción de los delitos.
El nuevo CPPT fue implementado en una primera instancia en el Centro Judicial de Concepción, con la meta de que los actores de los tribunales provinciales -e incluso la población- tuvieran la oportunidad de comenzar a experimentar la renovación radical en el servicio de justicia.
Los comentarios que expresaron desde la “Perla del Sur” estuvieron repletos de elogios relativos a los beneficios de la novedosa legislación.
Sin expedientes escritos, sin planteos dilatorios, con base en la oralidad y en el criterio de oportunidad, se llegó a anunciar el dictado de una condena a tres años de cárcel en un caso de abuso sexual, tan sólo 12 días después de la denuncia judicial (LA GACETA, 20/09/2019).
El contraste entre los resultados del anterior régimen procesal y la nueva normativa genera expectativas. Si bien estima que todavía están pendientes de resolución unas 40.000 causas tramitadas bajo el “viejo” CPPT, en los tribunales sostienen que las herramientas proporcionadas por el sistema ahora vigente permitirán la resolución de conflictos de forma rápida, con participación de la víctima.
Incluso, funcionarios del Ministerio Público Fiscal afirmaron a este diario que las causas vinculadas a presuntos hechos de corrupción -un aspecto por el cual reclamó un sector de la comunidad en marchas recientes- tendrán “más transparencia”, ya que los denunciantes “tendrán la oportunidad de hacerse escuchar”, los denunciados ”de defenderse” y “cualquier persona podrá conocer los detalles del desarrollo” del expediente.
Todas estas novedades generan perspectivas favorables. Los reclamos contra la impunidad y los casos en los que se habla de “puertas giratorias” han marcado a los tribunales penales. Ahora, el Poder Judicial de Tucumán cuenta con un recurso que le permitirá, de manera indirecta, rebatir aquellas críticas. Y, de modo directo, mejorar el servicio de justicia, esencial para el desarrollo de la sociedad y el saludable desenvolvimiento de sus instituciones.
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