26 Septiembre 2020
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz. ARCHIVO
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Carlos Rosenkrantz, convocó a un "acuerdo extraordinario" para el próximo martes, con el propósito de tratar los recursos presentados por los magistrados con traslados revocados por el Senado, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.
Se trata de un caso que puso en evidencia las diferencias entre los legisladores nacionales afines al gobierno del Frente de Todos -quienes finalmente impusieron su postura en el recinto- y los opositores aliados a Juntos por el Cambio.
Rosenkrantz, máxima autoridad judicial del país, invocó el artículo 71 del reglamento de la Justicia Nacional, que reserva al titular del cuerpo la potestad de convocar a “acuerdos extraordinarios” cuando lo considere necesario.
El magistrado, designado en la CSJT en 2015 por el expresidente Mauricio Macri, comunicó su decisión al resto de los ministros en una reunión virtual que celebraron el último martes e inmediatamente después la oficializó vía correo electrónico al tiempo que hacía declaraciones públicas anunciando la convocatoria.
"La Corte tiene la responsabilidad, en casos como éste, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados”, afirmó Rosenkrantz. “Como dije hace una semana -prosiguió-, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado".
El titular de la Corte se remitió a sus propias declaraciones al diario La Nación del 11 de septiembre cuando señaló que “los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por esta y otra razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento".
Específicamente la Corte debe analizar este martes los pedidos de los tres jueces para que se les conceda el “salto por instancia” o “per saltum”, que implica la intervención directa del máximo tribunal en la cuestión de fondo, esto es, si sus traslados se ajustan o no al trámite de designación previsto en la Constitución.
En la discusión terció ayer el presidente Alberto Fernández, cuando en declaraciones radiales lanzó una comentario irónico. “¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte? Me lo pregunto porque cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que esto es un escándalo jurídico", reprochó.
"Lo único que estamos haciendo nosotros es establecer un orden perdido en el gobierno anterior”, sentenció el mandatario. Y sostuvo: “lo que hizo Cambiemos con la designación de jueces fue escandaloso. Los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y ahora ven que no van a poder hacerlo".
El Presidente se refirió así al informe sobre traslados de jueces presentado a fines de julio por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, que revisó y analizó todos los traslados de jueces realizados desde 1998 hasta 2020 y advirtió supuestas asimetrías e irregularidades manifiestas en los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
En marzo de 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados del Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires -primera instancia-, a la Sala I de la Cámara Criminal Federal -segunda instancia-, mientras que Castelli pasó del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuando la revisión dispuesta por el Consejo pasó al Senado, el principal cuestionamiento de los senadores fue que no habían dado su acuerdo para esas funciones y citó a los magistrados para que ofrecieran su punto de vista, aunque prefirieron no hacerlo, y suspendió los traslados.
La Corte entonces deberá evaluar este martes si los argumentos de los tres magistrados para pedir la intervención tienen entidad, si se está ante una vulneración de la estabilidad de los jueces y si, como sostienen y denuncian, existe un “plan de impunidad” detrás de la medida tomada por el Consejo de la Magistratura y el Senado. (Télam)
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