Una ONG apura al juez Pisa en el caso “Leiva”

La fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad (Cedjus) quiere saber de una vez si podrá o no ser querellante en la causa contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva. Con el fin de salir de la incertidumbre, los representantes de Cedjus presentaron un pedido de pronto despacho a Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción N°1 del régimen de conclusión de causas del antiguo Código Procesal Penal (1991). En ese escrito, Ramón Eduardo Ruiz Pesce, director ejecutivo de la fundación, y la abogada Gloria Hansen volvieron a solicitar a Pisa que les permita intervenir en el proceso como acusadores particulares. 

Este expediente comenzó el 1 de septiembre, cuando el juez de Impugnación de la capital con licencia, Enrique Pedicone, denunció que Leiva le había pedido que “manejara las intensidades” de una pesquisa sobre supuesto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). La investigación propiamente dicha de esta causa aún no comenzó. Ocurre que la fiscala Mariana Rivadeneira opinó que, como los hechos databan del 28 de julio, el proceso debía ser tramitado en forma escrita y con las reglas dejadas de lado el mismo 1 de septiembre. Luego Pisa avaló ese dictamen y denegó la calidad de querellante a Pedicone, tal y como querían Leiva y su defensor Esteban Jerez. El 5 de octubre, Pedicone y sus abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig incoaron un recurso de per saltum en la Corte para que revise la decisión de Pisa.

La denegación de la querella respecto de Pedicone indica que correrían la misma suerte al menos otras dos solicitudes existentes con el mismo objeto: la de Cedjus y la del abogado Salvador Iovane (h), representante de la denunciante de Bussi (este último también quiere ser actor civil). La intervención de la ONG dio origen a otro conflicto puesto que Leiva y su defensor Jerez denunciaron que el presidente con licencia de la entidad, Carlos Díaz Lannes, había intentado extorsionarlos para conseguir una designación como juez a cambio de desistir de la querella.

La petición de ser tenidos como querellantes de Cedjus ingresó a la órbita de Rivadeneira hacia el 17 de septiembre. La ONG manifestó que estaba legitimada para ocupar ese rol puesto que la denuncia contra Leiva afecta intereses de la comunidad en general, como el principio republicano de independencia del Poder Judicial, y la vigencia del Estado de derecho, de la Constitución y de los tratados internacionales. Las autoridades de la entidad dijeron que su personería jurídica la habilitaba para litigar en pos de esos valores. Más allá de esto, las autoridades de Cedjus anticiparon el rechazo a que la causa sea tramitada con el antiguo Código: según su criterio, corresponde practicar una investigación con los postulados de la oralidad y la publicidad.