El lunes que pasó, San Miguel de Tucumán estuvo a pocas horas de volver de fase. La crisis económica, los costos de tomar una medida impopular en un contexto de ánimos sociales decaídos y la confianza en que al sistema de salud todavía le queda capacidad de respuesta ante la pandemia son las principales explicaciones para entender por qué la Casa de Gobierno puso el freno de mano con las restricciones.
El DNU 792 del presidente Alberto Fernández, en su artículo 17, no deja lugar a dobles interpretaciones al incluir a “restaurantes, bares y gimnasios” entre las actividades prohibidas por la covid-19. ¿Por qué y cómo fue que se decidió que la Capital siga funcionando bajo las reglas de la “nueva normalidad”?
Más allá de las idas y vueltas a lo largo del feriado, está claro que el gobernador Juan Manzur apostó por darle a la economía el máximo de rienda posible, con todas las limitaciones que presenta la coyuntura.
Pero cuando el Presidente incluyó el municipio a cargo del intendente opositor Germán Alfaro (PJS) entre los distritos regulados por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) cambió el fondo del marco normativo sobre el cual se apoya el Comité Operativo de Emergencia (COE), esa especie de “supraministerio” que encabeza el propio Manzur.
En principio, tras conocer el decreto, en el oficialismo predominaba la idea que finalmente se puso en vigencia. Es decir, considerar que los últimos instrumentos dictados por el COE -como la prohibición a que bares y restaurantes reciban clientes en sus instalaciones- estaban en línea con el DNU 792. Por lo tanto, entendían que bastaba con actualizar las resoluciones que perdían vigencia y extenderlas por 15 días. Además, en el Comité de Emergencia advertían que días antes habían acordado con intendentes reforzar los controles de acceso a cada ciudad para evitar la circulación interjurisdiccional. Por eso, siempre según esta interpretación, no hacía falta sumar restricciones. “Todo sigue como ahora”, decía el primer mensaje que llegaba desde la Casa de Gobierno, al mediodía.
Poco después, el reporte que elevó el Ministerio de Salud de la Provincia habría alterado los planes. La preocupación está en que la provincia “ha mostrado un crecimiento exponencial en el número de casos”, al punto de que ocupa el segundo lugar en la curva de contagios diarios por cada 100.000 habitantes en el NOA, sólo superado por Jujuy y “camino a igualar” a dicho distrito. En ese sentido, se remarcó que la Capital “concentra el 53 %” de los pacientes”. “En 18 días se están duplicando los casos en el Gran San Miguel de Tucumán. Muy similar al valor provincial. Lo deseable es que este valor fuese mayor a 20 días, lo cual estaría indicando una epidemia controlada, por las diversas medidas implementadas”, destaca el análisis.
El escenario presentado por las estadísticas sanitarias tiene respaldo en los fundamentos del DNU del Presidente. Allí consta que en Tucumán “el porcentaje de ocupación de camas de UTI (unidades de terapia intensiva es de 80%”. Las versiones indican que Manzur tuvo charlas con la Nación y avisó que la Provincia se adecuaría a lo decretado por Alberto. Para esos momentos, en la Rosada renegaban por la actitud del mendocino Rodolfo Suárez (UCR). El Gran Mendoza había sido incluido como uno de los distritos que retornaban al ASPO. Y el gobernador radical había aprovechado para diferenciarse del PJ, llamando a una rueda de prensa y negándose a volver a fase 1.
Manzur, en cambio, anticipó a LA GACETA que se había resuelto “acatar” la normativa federal, “por más que estas medidas resulten antipáticas” para algunos sectores. Luego, lo ratificó a través de Twitter.
En la Casa de Gobierno entienden que Alfaro dejó solo al gobernador en esta cruzada. Por eso, los concejales manzuristas le reclamaron ayer el al intendente que “asuma su rol al frente del municipio”. En el alfarismo, en tanto, acusan al Ejecutivo de haberse “cortado solo”, y alegan que Alfaro podría haber actuado como el mendocino Suárez, pero no lo hizo. ¿Cómo quedarán las relaciones entre la Provincia y la Intendencia?
Mientras los técnicos de la Casa de Gobierno empezaban a redactar las nuevas normativas, en línea con el DNU nacional, Manzur decidía volver al plan inicial. La novedad de la vuelta de fase había hecho subir el “termómetro” social. Comerciantes de rubros alcanzados por las restricciones del DNU avisaron que no volverían a cerrar. Hubo llamadas y reuniones. A la noche, el COE confirmó el retorno de la Capital al ASPO. Pero se incluyó un artículo con “excepciones” para locales gastronómicos y gimnasios.
“Nunca hablamos de fase 1”, afirmaron luego en la Casa de Gobierno. Más allá de los tecnicismos, el regreso al ASPO implicaba un endurecimiento en las restricciones. Se le podía llamar “fase 1” o “fase 2”, algo que hubiese desatado una polémica estéril. Pero el DNU 792 establece claras prohibiciones para ciertos rubros. Señala además que sólo personas afectadas a tareas “esenciales” quedan exceptuadas de cumplir con la cuarentena y “la prohibición de circular”.
Incluso, el decreto no permite que las provincias adopten “excepciones”. Esa facultad corresponde al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Y obtener un permiso extraordinario requiere de un engorroso trámite administrativo. En el manzurismo afirman que el gobernador explicó por teléfono la situación a la Rosada y recibió el “OK”. Pero no es la vía que indica la norma.
En el oficialismo afirman que, en principio, las prohibiciones indicadas por el DNU 792 eran inaplicables. Y ganó fuerza la idea de que, si hay que volver atrás, debe ser en todo el Gran San Miguel de Tucumán. Así, se apostó por permanecer bajo los estándares de la “nueva normalidad”, con la esperanza de evitarle el tiro de gracia a una economía cuya esperanza está puesta en los programas de obras públicas y de contención social que pueda motorizar la Nación en el 2021 electoral. Por supuesto, el límite estará dado por la pandemia. Desde el lunes, aunque no lo hizo, la Provincia cuenta con las normas de fondo para volver a la fase 1 en la Capital.