El botón “de muestra” de la corrupción

El 12 de julio de 2017 salían a la luz lo que luego sería una serie de maniobras oscuras en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Esa noche, LA GACETA ponía al aire el programa de TV “Panorama Tucumano” y mostraba una serie de vínculos entre funcionarios del organismo y empresarios de la construcción, contratos poco claros, números que no cerraban y gestores truchos con presuntos vínculos con el organismo, entre otras irregularidades. Específicamente, los vínculos entre dos sobrinos políticos de un funcionario clave del organismo fue la punta del ovillo que se convirtió en un escándalo que salpicó a toda la cúpula del Ipvdu. Lucas Barrionuevo, el coordinador que definía obras y adjudicatarios, tenía a sus sobrinos Nieva en la empresa Marán, que de la noche a la mañana recibió varias obras millonarias.

A partir de allí, y de la contundencia de las pruebas de la investigación periodística del equipo de LA GACETA, en muchos casos los propios involucrados terminaron admitiendo lo que había develado la serie de artículos. A esa denuncia del “caso Marán” le sucedieron otras denuncias: más de 2.300 en la Justicia penal, al menos cinco causas y cientos de cuestionamientos desde distintos sectores impactaron contra el inmutable Ipvdu.

Lo de Marán surgió luego de que se revelara la existencia de una estructura paralela en el Ipvdu. La senadora Silvia Elías de Pérez apuntó contra dos funcionarios del instituto, Lucas Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier, y ligó al primero a la empresa Marán Construcciones SRL, que habría obtenido un trato preferencial en el Ipvdu. Ambos estuvieron detenidos, fueron investigados y luego volvieron a sus actividades con una normalidad cuasi total.

Otra es la “causa Manzaraz”, en la que un agente del organismo con ese apellido -y de nombre Daniel-, fue detenido el 2 de marzo de 2018 mientras acompañaba a una mujer a la escribanía para recibir una seña de $ 100.000 relativa a una casa construida por el Estado en Manantial Sur. El fiscal Diego López Ávila detectó la operación gracias a la información, al video y a los audios que aportaron tres supuestos estafados por la presunta intermediaria Elizabeth Alzogaray. Manzaraz quedó libre. Justamente, la “causa Alzogaray” involucra a alrededor de 2.300 denunciantes que dijeron a la Justicia penal provincial que habrían sido estafados por una red de gestores apócrifos del Ipvdu. En enero del año pasado, la interventora Noemí Ferrioli hizo una denuncia penal a partir de una publicación de este diario.

En su declaración como imputada, Alzogaray incriminó al ex interventor Gustavo Durán (ya fallecido) y reveló lazos con el oficialismo. López Ávila también investiga este caso.

La cuarta es la “causa Juárez”, que tiene que ver con la actuación de Diego Juárez, un supuesto agente inmobiliario que ofrecía casas en Villa Carmela, barrio construido con fondos del Estado y entregado en marzo. La causa ingresó en la Fiscalía N°11, a cargo de Adriana Giannoni. En una quinta, el Ipvdu también habría denunciado a la mujer que en “Panorama Tucumano” exhibió ofreciendo casas de Manantial Sur e incluso fabricando papeles para que el “interesado” pudiese obtener la vivienda social.

Gran parte de las empresas constructoras habrían jugado un rol clave en aquellas irregularidades, como mínimo, avalando con su silencio o “haciendo la vista gorda” ante los favores que se distribuían entre algunos jugadores. Fue una decena -mínimo- de años en los que la corrupción y el arreglo en la adjudicación de las obras a las empresas fue moneda corriente. Nadie dijo nada, salvo un empresario que tuvo la valentía de denunciar con nombre y apellido que Barrionuevo le había solicitado una coima para adjudicarle una obra.

Ningún empresario -en muchos casos los mismos que se quejan porque otros, entre ellos los medios, “no denuncian más cosas”- dijo nada de la aparición de nuevos actores en el rubro con contratos millonarios ni de los vínculos entre funcionarios y empresarios ni de cuasi carterizaciones ni de supuestos arreglos en licitaciones y adjudicaciones de obra. Son los mismos que hoy se quejan del parate y del daño que generó a la actividad de la construcción el escándalo que generó el “caso Ipvdu”, es decir, la maraña de denuncias que comenzó aquel 12 de julio de 2017.

Pasaron poco más de tres años para que se registraran avances en dos de los casos: Marán y Alzogaray. En ambos casos, los perjudicados ya perdieron su sueño de la casa propia, el dinero “invertido” en las estafas y el Estado permitió que se fugaran millones entre supuestos empresarios y funcionarios que se beneficiaron con la obra pública. Así funciona, en muchos casos, nuestra provincia. La de la anomia, la del amiguismo, la de la corrupción y la de la Justicia extremadamente lenta y, en reiteradas ocasiones, de rodillas ante el poder político. El miedo de fiscales y jueces a una reprimenda desde la Casa de Gobierno o desde la Legislatura, que se transforme en un concurso perdido por el dedo arbitrario del poder, cómo mínimo, atentan contra la legalidad.

Cada tanto, los “falsos gestores” vuelven a aparecer, mientras en el organismo nada cambió demasiado, ni siquiera sus autoridades (salvo la intervención). Como en la Justicia, de la que se mofan los que disfrutan de las mieles de haber estafado a miles de tucumanos y al propio Estado con el negocio de las viviendas. Como dice el dicho, para muestra basta un botón.