El sistema de Justicia tucumano entró esta semana en un cono de sombras con el fracaso en la investigación del crimen de Paulina Lebbos, ocurrido en 2006. El acusado del homicidio, César Soto, fue absuelto, al igual que el imputado por encubrimiento, Sergio Kaleñuk. Todo se vino abajo, tras 20 años de espera de que se descubra al asesino en el homicidio brutal que ha marcado a Tucumán como la provincia de la impunidad. “Si una causa con tanta visibilidad queda impune, ¿qué queda para los otros casos?”, dijo Alberto Lebbos, padre de Paulina, quien reiteró que “acá hay una estructura de impunidad poderosa desde el más alto nivel”, y apuntó al ministro fiscal, Edmundo Jiménez, para quien, dijo, va a pedir juicio político.
Lebbos pide que se ubique a los responsables . En el sistema judicial, mientras sus autoridades se jactan de la eficiencia con que va funcionando todo el esquema de administración de Justicia, esconden la cabeza cuando estallan estos escándalos, como ocurrió con Paola Tacacho, asesinada en octubre de 2020 después de cinco años de que la burocracia judicial le negara asistencia por sus denuncias de acoso. En ese caso, tras el escándalo, se destituyó al entonces juez Francisco Pisa y se activaron algunos protocolos, pero básicamente las cosas quedaron sin cambios.. En “Panorama Tucumano” de diciembre pasado varias mujeres analizaron el escenario de violencia de género en Tucumán: “¿Por qué no evolucionamos? No evolucionamos porque falla la política y el sistema judicial. Hay que poner en pantalla la crisis del sistema judicial, cómo es el derrotero de acudir a la Justicia, conocer si están preparados los operadores para trabajar ante una denuncia”, analizó la artista Natalia Trouvé. Pero en ese caso, tras la destitución de Pisa, no hubo otros responsables, aquellos que hacen funcionar este sistema del modo en que funciona. Basta recordar las notas en LA GACETA “Excursión al laberinto judicial que terminó en femicidio”, de abril de 2021.
No es el “Señor Tiempo”
¿Qué... nosotros tenemos que investigar? Tienen que investigar los fiscales. 20 años pidiendo que investiguen. Acá se considera que es responsable el paso del tiempo, que el ‘Señor Tiempo’ parece que se roba todo. No. Acá se ha cometido un delito grave desde el más alto nivel del Ministerio Público Fiscal. Y todos los responsables que están dejando prescribir la causa. Esa es otra herramienta de impunidad”, dijo Lebbos.
El andamiaje de responsables comenzó apenas ocurrido el asesinato, cuando el primer fiscal del caso, Alejandro Noguera, fue de noche a la casa del entonces gobernador José Alperovich a una reunión y fue descubierto a la salida por el periodista de LA GACETA, Juan Manuel Montero. Allí se vio la injerencia del poder político, como luego se la vio en las maniobras policiales para ensuciar la causa desde que fue hallado el cuerpo en Tapia. Se evidenció en el juicio por la falsificación del acta de comisaría contra tres policías de Raco (condenados). Mucho más se observó en el juicio de 2019 contra los jefes de la Policía y el secretario de Seguridad (que resultaron condenados), donde esas maniobras quedaron explicitadas. De allí surgió la orden de investigar a 40 personas y dos años después del juicio se había hecho muy poco. La advertencia pública de que estaban por prescribir las causas hizo que se pudiera llegar a este juicio ahora frustrado. Alguien debió ser responsable de que no se hiciera cumplir la orden del tribunal.
El segundo responsable fue el segundo fiscal del caso, Carlos Albaca, quien hizo dormir la causa durante siete años, le negó a Lebbos la posibilidad de ser querellante (curiosamente, le dio ese rol a César Soto, quien sería después el acusado principal) y dejó arruinarse la prueba fundamental de ADN sobre los pelos hallados en el cuerpo de Paulina. Albaca es el único de los nueve condenados en los juicios anteriores que está en prisión. Pero él pasó toda su carrera como fiscal -incluidos los cuestionamientos por su rol en el caso Paulina- sin que el sistema lo separara. Se jubiló y luego lo acusaron y condenaron.
Los condenados se consideran inocentes
Los otros condenados ya están en semilibertad y, detalle a considerar, pese a las condenas firmes que recibieron, no reconocen la culpa: por ello es difícil que, como pide Lebbos, digan la verdad para ayudar a esclarecer el hecho. El penado ex subjefe, Nicolás Barrera, cuando declaró en este último juicio, dijo ser inocente. “Que digan que yo he estado en connivencia para que se haga todo un encubrimiento… sólo Dios lo sabe. Yo tengo la conciencia tranquila”, dijo.
Así como Albaca no le permitió a Lebbos ser querellante en la causa del crimen de su hija, para ayudar en la investigación, y los otros fiscales y jueces que intervinieron después, tampoco.
En el primer año del crimen de Paulina ya se consideraba que iba a quedar impune, porque rondaba la hipótesis de los “hijos del poder”. Ningún fiscal lo pudo probar. El que más se había acercado a desentrañar lo que pasó fue Diego López Ávila, quien abrió bastante la investigación para que se llegara a las condenas de los altos funcionarios en 2019. Alguien decidió que él no siguiera investigando después de que los jueces pidieron profundizar la pesquisa.
Alguien decidió que la causa de Paulina, que engrosaba muchos cuerpos, pasara al régimen conclusional, esa especie de limbo creado para para procesar, depurar y finalizar las causas penales tramitadas bajo el antiguo sistema escrito, en el que quedaron empantanadas 3.400 causas de alta gravedad. Eso ayudó a que la de Paulina navegara en ese océano de sombra.
Alguien decidió, además, que el fiscal de este último juicio por Paulina fuera Carlos Sale, que recibió la causa pocos días antes del comienzo de las audiencias. Fue de taquito.
Sentencias cuestionadas
Ya se había visto en otras ocasiones casos que dejaron dudas sobre el funcionamiento del sistema penal. En el primer juicio por la desaparición de Marita Verón, hubo una sentencia que no hallaba culpables a los acusados. Hubo reacción popular y reclamos desde el más alto nivel de la Nación y se ordenó a otro tribunal dictar nueva sentencia, que esa vez sí fue condenatoria.
El tribunal de este juicio por Paulina ha terminado criticando no sólo que no se haya investigado, sino que se usaron los elementos de la investigación del juicio anterior. Y parece haberse criticado hasta las justificaciones del primer juicio para condenar por encubrimiento a los policías de Raco. ¿Se está poniendo en tela de juicio el funcionamiento del sistema?
Como sea, han pedido que se vuelva a investigar pistas que quedaron apartadas en el caso, y en eso se enfoca también Lebbos, que dice que no se va a dar por vencido.
Pero hay responsables, dice, y él pone la mira en el ministro fiscal. ¿Los otros que están operando en este sistema oscuro, aplican la obediencia debida? Lebbos preguntó: “¿qué consecuencias pagan los que no han investigado?” Mencionó las pistas y acusaciones que se han dejado caer y prescribir, así como los juicios abreviados contra varios responsables, o directamente el hecho de que se haya omitido seguir causa penal, por ejemplo, a José Alperovich, como había ordenado el tercer tribunal. “Las responsabilidades se diluyen. A los jueces les ha faltado decir quién es el responsable de investigar”, concluyó.
Es que el sistema está estructurado así. Rodeado de oscuridad, y ahí aparece la mala praxis, que favorece la impunidad.






















