26 Octubre 2020
Un radical cuestiona al Ersept por gestionar la contratación de una consultora foránea por $ 6 millones
El Tribunal de Cuentas efectuó una serie de advertencias en el trámite para adquirir los servicios un órgano de la UBA para la revisar el periodo tarifario 2020/2025 del servicio de distribución eléctrica.
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El Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) inició los trámites para efectuar la contratación directa, a cambio de casi $ 6 millones, del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de que preste los servicios de consultoría para la revisión integral del servicio de distribución de energía eléctrica de Tucumán para el período 2020/2025.
El procedimiento administrativo, que está siendo sometido al control preventivo del Tribunal de Cuentas (TC), ya generó cuestionamientos de la oposición en el Poder Legislativo.
A través del acuerdo 3.412, el ente de contralor integrado por Miguel Terraf (presidente) y Sergio Díaz Ricci (único vocal firmante por la licencia de su par Marcelo Vidal), formuló una serie de requerimientos al directorio del Ente, compuesto por Santiago Yanotti (titular), Luis Morghenstein y Beatriz Bordinaro.
Según el instrumento oficial, el departamento de Contadores Fiscales del TC advirtió que la oferta del Ceare "se adjunta en copia simple", y que no obra en el expediente el certificado de cumplimiento fiscal.
En el análisis jurídico, se tomó en cuenta que la contratación directa impulsada por el Ersept advierte sobre la imposibilidad de la repartición de efectuar este trabajo "con su propio personal", dado que "la tarea encomendada excede el expertiz técnico de sus profesionales".
Sin embargo, los técnicos del TC contemplaron que la ley 8.479, de creación del Ersept, señala "claramente" que entre los "objetivos, competencias, funciones y facultades" del organismo figura precisamente la de "fijar las bases de cálculo para la determinación de las tarifas de los contratos de concesión, licencias y/o permisos, con arreglo a las disposiciones de la ley".
"Por otra parte, no se encuentra acreditada en autos la personalidad jurídica del ente contratado, ni su capacidad para contratar, habiéndose acompañado en copias simples su propuesta (que no se encuentra firmada), como tampoco se adjunta constancia que certifique la representatividad de las autoridades firmantes", expresó el TC en el acuerdo 3.412, firmado el viernes pasado. Y agregó que en el expediente sí figura la "Constancia de Inscripción en AFIP de la Universidad Nacional de Buenos Aires, sin que se adjunte intervención alguna de sus autoridades facultando la suscripción del Convenio o aprobando las gestiones realizadas por el Ceare".
El informe del Tribunal de Cuentas añade otro punto que deberá ser evacuado por el Ersept para poder llevar adelante la contratación directa.
"En virtud de la ley 7.071, se otorgó a la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Universidad Tecnológica Nacional, y la Universidad San Pablo - Tucumán el carácter de consultoras preferenciales del Estado Provincial (...), atento a lo cual, habiendo presentado propuestas tanto la Universidad Tecnológica como la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, deberá justificarse adecuadamente el apartamiento a tal regla de preferencia", indicaron los técnicos del Tribunal de Cuentas.
Ante estas circunstancias, el ente de contralor de las finanzas devolvió las actuaciones al Ersept a fines de que "se expidan acerca de las advertencias señaladas" y "fundamenten la contratación que se propicia", entre otros puntos.
El legislador radical José Ricardo Ascárate (bloque Arturo Illia) expresó su coincidencia con el acuerdo dictado por el TC.
"La resolución del Ente no contiene en principio justificación de la contratación requerida. Pero lo que es más grave y me resulta inaceptable como profesor de la Universidad Nacional de Tucumán es que se recurra a otra Universidad (en este caso, a un organismo de la UBA, para realizar asesorías o trabajos de consultoría para los que las universidades locales están capacitadas", alertó el ingeniero.
El opositor recordó que "distintas cátedras de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT han brindado asesoramiento a organismos nacionales", y que "han realizado proyectos de validez internacional".
"No se entiende las razones por las cuales pueda justificarse una contratación directa de varios millones de pesos sin haber consultado a las locales, que por ley son consultores preferenciales del Gobierno provincial. Párrafo aparte para las desprolijidades detectadas en la contratación, y enunciadas por el Tribunal de Cuentas", resumió Ascárate.
LEGISLADOR JOSÉ ASCÁRATE. (ARCHIVO)
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