29 Octubre 2020
La Comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura emitió dictamen favorable a un proyecto de ley que busca aportar una respuesta a las usurpaciones. Los parlamentario coincidieron en que se trata de un problema estructural creciente en nuestro país.
La iniciativa, que lleva las firmas de los legisladores Raúl Albarracín, Walter Berarducci y José Maria Canelada, propone la creación de un equipo interdisciplinario que tendrá como objetivo la intervención temprana en los intentos de usurpación de tierras. Además se buscará prevenir los delitos contra la propiedad y evitar las consecuencias que deriven de los mismos, salvaguardando a las personas intervinientes de los mayores daños que puedan ocasionarse.
Los procedimientos
Según el dictamen, se prevé que este grupo "anti-toma" esté integrado por fiscales, negociadores, funcionarios de las cartera de Seguridad y el Jefe de la Policía, quienes operan cada vez que hay una denuncia de ocupación de terrenos para actuar de manera inmediata.
Se podrá ampliar la cadena de soporte de los procedimientos incorporando en cada uno de ellos a Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Desarrollo Social, Sisprosa, Espacios Públicos y a cualquier otro actor necesario para la correcta legal y adecuada ejecución del procedimiento de desalojo, entre otros.
Acceso a la vivienda
Albarracin, autor de la iniciativa, indicó que "no se trata de desconocer el problema social que afecta a muchas personas en cuanto al acceso a la vivienda, pero somo conscientes también que esa deuda no se resuelve en absoluto con conductas ilícitas ni con un Estado distraído y negligente".
"Toda comunidad necesita de la protección justa y razonable de la propiedad para su progreso y desarrollo", agregó el parlamentario. En este sentido, el proyecto propone que el Ministerio Público Fiscal sea el encargado de establecer los procedimientos, parámetros y protocolos que deberá seguir este equipo a fin de garantizar la legalidad, celeridad y eficacia de su actuación en las usurpaciones.
Los derechos
El grupo "anti-tomas" deberá garantizar a la ciudadanía la activación inmediata de los protocolos para desalojar los inmuebles de sus usurpadores, en el menor tiempo posible. También tendrá que reintegrarlo a su propietario o a quien resulte ser legítimo poseedor/tenedor del mismo, garantizando a todas las partes intervinientes sus derechos pero sin dilación alguna.
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