Por Juan Manuel Asis
18 Noviembre 2020
“NO RESOLVERÁ NADA”. El radical Cano rechazó la iniciativa oficial.
Cinco a cuatro. Los nueve diputados por Tucumán chocaron por el aporte solidario. Algunos justificaron su postura. En favor Mabel Carrizo, Carlos Cisneros, Mario Leito, Gladys Medina y Pablo Yedlin, del Frente de Todos, en contra: Domingo Amaya, Lidia Ascárate, José Cano (Juntos por el Cambio); y Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social).
Según Amaya se trata de “un impuesto de doble imposición, confiscatorio. No se puede apoyar de la forma en que está planteado. Es un impuesto dirigido contra un sector; y para bajar la pobreza es necesario generar trabajo, fomentar el crecimiento de las empresas para que produzcan empleo”.
“Acompaño entendiendo la difícil situación de los argentinos y la necesidad que tiene el Gobierno de seguir avanzando en la construcción de un país mejor”, dijo la peronista Medina. “Atiende al interior y sobre todo a nuestra provincia frente a la crisis económica y a la pandemia que nos acecha”, añadió.
Su par Yedlin apoyó “la necesidad de financiar al sistema de salud público y privado desde el Estado, las vacunas, los insumos médicos, el costo laboral, que requieren recursos extraordinarios en un año extraordinario”. “Vamos a a sancionar un aporte por única vez para las 9.000 personas físicas más ricas del país; la mitad lo van a aportar sólo 250 personas. Los $ 300.000 millones tienen fines bien concretos, sistema de salud, barrios vulnerables; becas de estudio. Recursos extraordinarios para cumplir con derechos consagrados en la Constitución”, finalizó.
Cano, en tanto, dijo que el país perderá credibilidad para generar inversiones, recuperar el trabajo y la economía. “La construcción del un relato épico servirá para consolidar el populismo pero no para resolver los problemas que se dicen que se van a resolver”, acotó. Insistió en que se va camino a la judicialización y que implica un golpe mortal a las empresas.
“Se va a paliar la crisis de los más desprotegidos con el aporte de 9.500 personas. El 60% tiene un patrimonio de entre $ 200 millones y $ 400 millones. Servirá para comprar equipos e insumos para la salud, para apoyar a Pymes, urbanizar barrios populares, atender a jóvenes y producir obras”, dijo Leito.
Ávila expresó que el impuesto es otro ejemplo de falta de federalismo genuino. “Genera tensiones políticas innecesarias y no ayuda a la unidad nacional que tanta falta nos hace”, destacó para justificar su rechazo al proyecto.
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