No descartan pedir una auditoría al Subsidio

Los cruces entre el Instituto Provincial de Seguridad Social de Tucumán (Ipsst, conocido como Subsidio de Salud) y la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán (Acyst) formaron un nudo que se tornó difícil de desatar. Y se ciñó aún más al tomar caminos judiciales. Por ese motivo es que la Legislatura y la Defensoría del Pueblo interceden para mediar y tratar de aflojar un conflicto que tiene a 330.000 afiliados en vilo.

Ayer se conoció que la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo, que preside el juez Carlos Giovanniello, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por el Ipsst para que la Acyst brinde atención para covid-19 a afiliados de la obra social provincial, hasta el 26 de noviembre, mientras se busca una salida a un problema económico. El sector privado denuncia una deuda por encima de los $400 millones, demoras en los pagos por atención por coronavirus y desacuerdos para la actualización de las prestaciones.

El interventor del Subsidio de Salud, Fernando Avellaneda, explicó a LA GACETA que esta medida cautelar obliga a la asociación a volver a la modalidad que venía prestando antes del conflicto y no generar incertidumbres. Sin embargo, reconoció que desde el viernes la Acyst brindó atención a cuatro afiliados por covid-19. “Entiendo que tenemos que llegar a una solución, porque tampoco es que los sanatorios y clínicas de Tucumán, salvo excepciones, puedan sobrevivir sin atender a la obra social provincial. La facturación de la obra social provincial en algunos sanatorios llega a ser el 80% y en otros el 60%; creo que hay que seguir caminando con ellos, buscando una solución que satisfaga a ambas partes”, dijo.

Avellaneda, que a las 10.30 participará de la reunión de la comisión de salud, consideró que el principal punto de conflicto es la actualización de las prestaciones. La asociación solicitó un 45%, mientras que el Ipsst ofreció un 13% y luego un 18%. “El principal problema es la exigencia de comprometer a la obra social a una suba del 45%, pero la obra social no tiene para ofrecerlo”, manifestó. Respecto a la denuncia por demoras en los pagos, el titular del Subsidio dijo que en las últimas semanas hicieron desembolsos a cuenta (de $51 millones y luego de $80 millones). A su vez, aseguró que la pandemia alteró el normal funcionamiento de la obra social y redujo la cantidad del personal, lo que provocó dilaciones.

La Acyst, encabezada por su presidente, Eduardo Vega Olguín, concurrió ayer a la Cámara y se reunió con los miembros de la comisión de salud, que preside Reneé Ramírez, y el defensor del pueblo, Fernando Juri Debo. Aunque se excusaron de hablar con la prensa luego del encuentro, trascendió que los representantes de las instituciones privadas expusieron que resolvieron dar de baja el convenio porque la situación se tornó insostenible, los costos por atender pacientes covid es muy alto y se quedaron sin fondos para prestar servicios hasta poder cobrar.

Ramírez opinó que el objetivo de la comisión es ayudar a lograr un nuevo acuerdo con un convenio que agilice y garantice el pago de la obra social a los prestadores. “El anhelo y la esperanza es que llevemos una solución antes del 31 de diciembre (fecha de rescisión del contrato), sino se va a perjudicar mucha gente”, dijo. Resaltó que la asociación representa a 22 instituciones que atienden casi al 50% de la población tucumana.

El martes, el ministro de Economía, Eduardo Garvich, afirmó que la Provincia está cumpliendo con los fondos que le corresponden al Subsidio de Salud, pero que los aportes de los afiliados viene creciendo por debajo de los costos de los insumos de salud. Por ese motivo la obra social -dijo- no está en condiciones de afrontar la suba solicitada por los privados.

El radical José Ricardo Ascárate, en tanto, dijo no comprender el motivo de la deuda con la asociación. “Alguien no está haciendo los aportes y retenciones, o alguien está administrando muy mal. Voy a pedir una auditoría sobre los aportes, retenciones y fundamentalmente de la administración”, afirmó.

Juri Debo, en tanto, reconoció que ambas partes están muy distantes, pero que es clave buscar un consenso. “No es que estamos viendo si alguien gana más o gana menos, sino que es si alguien muere o no”, dijo a LA GACETA. Además, explicó que planteó una reunión donde se fijen valores de las prestaciones. “No tal vez como quiera clínicas, sino lo que pueda el Instituto. Esta gente dice que nunca han pagado un covid”, dijo. A su vez, destacó el momento del encuentro dado que todavía se debe tratar el Presupuesto 2021.