11 Diciembre 2020
Además de la legalización del aborto, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.
Se trata de una iniciativa, conocida como "el plan de los 1.000 días", que apuesta a "bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos.
Además busca prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida. Así lo había definido el presidente, Alberto Fernández, al enviar el proyecto al Congreso.
Los beneficios
La texto sancionado establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. También extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
Además se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio. El Programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
Acceso a derechos
Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
En sus principios rectores, el texto elevado por el Poder Ejecutivo resuelve para su cumplimiento la coordinación entre las áreas estatales, la simplificación de trámites para el acceso de esos derechos y el diseño de políticas públicas que brinden la asistencia apropiada a las familias, monitoreo y seguimiento de los casos y un informe anual ante el Congreso para rendición de cuentas sobre la marcha del programa.
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