23 Diciembre 2020
FOTO MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Luego de una denuncia de la Defensoría del Pueblo, por descuentos indebidos a miles de empleados de la administración pública, el fiscal, Pedro León Gallo, señaló que se está requiriendo una serie de informes a las empresas denunciadas, a los fines de avanzar en la investigación iniciada
Indicó además que se trata de información necesaria para conocer la estructura legal y el modo en que operaban las empresas que realizaban esas operaciones. Ante esto, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos continúa con el trabajo junto a la Defensoría en relación al detalle de los damnificados.
"La investigación continúa con el objetivo de determinar el tipo de responsabilidades que existen y por parte de quienes. Se han pedido informes a las propias empresas que figuran en la denuncia de la Defensoría ante la Fiscalía. Por el momento, prosigue el trabajo para determinar la cantidad de empleados que resultaron damnificados de estas maniobras", dijo el fiscal.
La causa
Se trata de débitos directos en las cuentas de entre 40 y 50 mil trabajadores estatales. Los importes descontados, según la denuncia formulada por el defensor del pueblo, Fernando Juri Debo, ante el Ministerio Fiscal van desde $ 180.000 hasta $ 600.000
El fiscal requirió la suspensión de débitos directos en las cuentas de los trabajadores del Estado, por el plazo de tres meses, planteo que fue convalidado por el juez interviniente, quien ordenó al banco Macro el cese inmediato de esos descuentos. La medida se concretó el miércoles 9 de diciembre.
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