La independencia judicial quedó en tela de juicio

El sistema judicial provincial acumula tantos casos como preguntas pendientes de resolución y de respuesta. El año de la pandemia ha sido especialmente estresante para un esquema institucional que desde hace tiempo está en el foco del descontento social por sus deudas de credibilidad. La crisis no es nueva, pero sí cada vez más pronunciada. Y la prueba de ese estado de degradación es la denuncia penal que el magistrado Enrique Pedicone interpuso contra Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a propósito del trámite de una gravísima impugnación formulada contra el líder de la primera minoría parlamentaria, Ricardo Bussi.

Más allá de los protagonistas concretos, la acusación, que fue negada de manera terminante por el juez supremo, puso en tela de juicio la existencia misma de la independencia judicial. Es que, si los audios rápidamente desestimados por el juez dimitente Juan Francisco Pisa fuesen ciertos, lo que habría que concluir es que operadores del oficialismo deciden sobre la libertad, el honor y el patrimonio de los ciudadanos en una mesa de café, y con la mera invocación de los nombres del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo. Este escándalo se desarrolló en cámara rápida desde el 1 de septiembre y expuso “la cancha inclinada”: mientras la política blindó a Leiva y apuntó sus cañones contra Pedicone, la Justicia se enrolló en un laberinto del que quizá no termine de salir nunca.

Las heridas proferidas en el afán de salvar a uno y aniquilar a otro aguaron las expectativas de regeneración que había alentado la reforma procesal penal estrenada en toda la provincia el mismo 1 de septiembre. El reclamo de procedimientos transparentes y rápidos permanece vigente. El trámite de las causas sensibles, incluidas las que proyectan la hipótesis de corrupción en el interior del propio Poder Judicial, sigue siendo hermético. Ese modus operandi alimenta la percepción de desconfianza y de desigualdad ante la ley. Leiva dejó a la vista, en el afán de defenderse, su sensación de que dos de sus pares, la presidenta Claudia Sbdar y el vocal Daniel Posse, no ofrecen garantías de imparcialidad. Aquella recusación inédita prosperó con el voto de los jueces Patricia Carugatti, Fabián Fradejas y Fernanda Bähler.

Lo que viene

La debilidad de la Justicia y la continuidad de las prácticas objetadas augura un 2021 con iguales o mayores fricciones. Dos previsiones alimentan la idea de que no habrá sosiego para las tensiones descritas en el pedido de intervención del sistema judicial formulado por el diputado radical José Cano. Por un lado está el “jury” de Pedicone, quien, por la preeminencia del Gobierno en el Jurado de Enjuiciamiento, enfrenta altísimas posibilidades de perder el cargo. Por otro lado está el contexto electoral general, que tiene un capítulo de comicios internos en la propia Corte: no será una renovación corriente puesto que quien ocupe la presidencia del alto tribunal desempeñará idéntico rol en el órgano encargado de organizar las elecciones provinciales de 2023.

A este clima crispado se suma la conflictividad derivada de la recesión económica y de su impacto en el aumento de la criminalidad. Estas perspectivas negativas configuran un momento crítico para la organización plasmada en la Constitución, y para el anhelo de que haya una democracia republicana con capacidad para poner límites a los que mandan e impedir la concentración del poder.